Noticias como la violación y abuso sexual a niñas, niños y adolescentes en territorios como Antioquia estremecen al país. Pero, altera aún más saber que las cifras de impunidad ante este delito siguen subiendo. 

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, entre 2020 y 2022 se ha logrado esclarecer 11.604 casos de delitos sexuales en todo el país. 

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Solo en el 2020, hubo 26 condenas (1%) del total de los procesos. Lo único que nos demuestra ese uno por ciento es que somos un país llamado a la condena y ruina por no poner los derechos de las NNA de primeras, como prioridad y prevalentes ante cualquier otra cosa. 

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Durante el 2021, el ICBF ha abierto 9.927 procesos de restablecimientos de derechos por violencia sexual, de los cuales el 85 por ciento corresponden a niñas.

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Pareciera que en Colombia estamos acostumbrados a vivir con este problema cultural, psicológico y social sin buscar una solución o alternativa que acabe con este horror. Día a día vemos cómo la violencia afecta a los NNA por parte de enfermos y depredadores que viven en su mayoría, en el mismo entorno de la víctima. 

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Según cifras de SaluData de la Secretaría de Salud de Bogotá, para el 2020, se notificaron al subsistema de vigilancia en violencia intrafamiliar, violencia sexual y maltrato infantil (SIVIM) un total de 15.780 casos de maltrato ejercido contra niños, niñas y adolescentes. El 63,1% de los casos notificados son niñas y el 36,9% son niños.

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En Bogotá, entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2022, se han realizado 121 imputaciones por delitos sexuales. Además, se han emitido 76 órdenes de captura, de las cuales 59 ya han sido materializadas. De igual manera, la Fiscalía en lo corrido de este año ha solicitado 386 audiencias de formulación de imputación.

Adicionalmente, se han denunciado 45 casos relacionados con delitos sexuales, de los cuales 31 habrían ocurrido en colegios distritales.

Las localidades más afectadas son Suba (16), Engativá (4), Tunjuelito (3), Bosa (3), Fontibón (3), Los Mártires (3), Teusaquillo (2), Santa Fe (2), Kennedy (2), Usaquén, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Candelaria Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Puente Aranda con 1. El panorama de Bogotá es una radiografía de todo lo que sucede en el país. 

En el informe técnico de la Fiscalía también se hace una radiografía de las zonas del país de mayor impacto por causa de estos casos de abuso sexual contra menores edad, ubicando a Bogotá, Medellín, Cundinamarca y Cali, como las ciudades con registros más altos de denuncias instauradas.

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Entonces, ¿qué estamos haciendo cómo sociedad para frenar estos atroces actos y que las cifras sigan creciendo? 

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Debemos creer en las NNA cuando nos hablan, incluso cuando nos dicen sus interpretaciones de lo que pasa a su alrededor. La protección y su desarrollo depende de cómo actuemos y las garantías que les brindemos para su bienestar. 

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Podemos decir que tenemos un  marco jurídico que a la fecha declara la imprescriptibilidad de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual cometidos en menores de 18 años. También, una ley que prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes, o de cualquier tipo de violencia como método de corrección o la ley que decreta cadena perpetua “Ley Gilma Jiménez” para violadores de menores sancionada el 6 de julio de este año. 

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La reglamentación de esta ley permitirá que las víctimas materialicen el acceso a la justicia y les sean restablecidos sus derechos y paralelamente persuadir, prevenir e impedir la comisión de delitos por parte del agresor. Esperamos que la normativa sea suficiente pero es necesario exigir el respeto y total garantía a los derechos de todos los NNA. 

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Es nuestro deber como sociedad exigir que las instituciones aseguren la continuidad de servicios esenciales para responder de manera oportuna a los casos de violencia contra las NNA, inclusive por ejemplo el primer escenario que son las comisarías de familia. 

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A nivel comunicativo tenemos tareas como realizar campañas de educación integral para la sexualidad contra la violencia de género, sobre el acceso a servicios en salud y la importancia y eficacia de la denuncia. 

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A nivel cultural debemos rechazar con vehemencia cualquier acto en contra de los NNA, porque simplemente solo un ser humano fuera de su racionalidad y moral comete un crimen contra la población menor de edad y en muchos casos, en situación de vulnerabilidad. 

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Es posible prevenir todas las formas de violencia contra los NNA, ejerciendo la corresponsabilidad que tenemos como sociedad para denunciar y reconocer que la solución a mediano y largo plazo depende de nosotros.