La proscripción de Cristina Fernández de Kirchner es un tema complejo y controvertido en la política argentina. Para entenderlo, es necesario remontarse a los antecedentes históricos y políticos de Argentina.

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Cristina Fernández de Kirchner es una política y abogada argentina, que se desempeñó como senadora, diputada y presidenta de Argentina en dos mandatos consecutivos entre 2007 y 2015. Durante su gobierno, llevó a cabo políticas económicas y sociales que fueron ampliamente discutidas en la sociedad argentina y en la comunidad internacional.

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En 2015, al finalizar su mandato, Cristina Fernández de Kirchner fue acusada de corrupción y otros delitos durante su presidencia. Sin embargo, debido a su inmunidad como senadora, no fue procesada. En 2017, luego de dejar su escaño en el Senado, se iniciaron los procesos judiciales en su contra.

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En ese mismo año, se realizaron elecciones legislativas en Argentina, en las cuales Cristina Fernández de Kirchner fue candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral decidió proscribirla de la contienda electoral debido a las causas judiciales en su contra.

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Esta decisión fue ampliamente discutida en Argentina, ya que algunos consideraron que se trataba de una persecución política y una violación a los derechos democráticos de Fernández de Kirchner, mientras que otros argumentaron que se trataba de una medida necesaria para garantizar la transparencia y la legalidad en las elecciones.

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Finalmente, en 2019, Cristina Fernández de Kirchner volvió a presentarse como candidata a vicepresidenta de la fórmula encabezada por Alberto Fernández, y ganó las elecciones presidenciales de ese año. Desde entonces, ha retomado un rol activo en la política argentina, aunque las causas judiciales en su contra continúan abiertas y son objeto de debate y controversia.

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Cristina Fernández de Kirchner, ha enfrentado varios juicios a lo largo de los años. El más destacado de ellos es el conocido como "Causa de los Cuadernos", un caso de corrupción que salió a la luz en 2018.

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En esta causa, se acusa a Fernández de Kirchner y a otros funcionarios y empresarios de formar parte de una red de corrupción en la que se pagaban sobornos a cambio de contratos gubernamentales. Según los investigadores, los pagos se registraban en cuadernos que llevaba el chofer de uno de los funcionarios involucrados.

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Fernández de Kirchner ha negado las acusaciones en su contra y ha afirmado que se trata de una persecución política por parte del gobierno actual. En su defensa, ha argumentado que no hay pruebas concretas en su contra y que las acusaciones se basan en declaraciones de arrepentidos y testigos sin credibilidad.

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El juicio comenzó en mayo de 2019 y se lleva a cabo en los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires. Hasta el momento, se han escuchado a varios testigos y arrepentidos, y se han presentado pruebas documentales y audios que parecen respaldar las acusaciones.

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El proceso ha sido muy seguido por la opinión pública argentina y ha generado mucha controversia. Algunos sectores apoyan a Fernández de Kirchner y la consideran víctima de una persecución política, mientras que otros creen que debe responder por los delitos que se le imputan.

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Finalmente el Tribunal Oral Federal N° 2 sentenció a Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta y actual vicepresidenta de la nación, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. 

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Esto después de encontrarla  culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al direccionar contratos de obra pública vial a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz. La cifra del dinero desviado impresiona: 1.000 millones de dólares.

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"Se la considera autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", leyó el presidente del tribunal, que absolvió a la ex presidenta del delito de "asociación ilícita".

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Es la primera vez en ese país que se condena a un vicepresidente en ejercicio. Sin embargo, dado su fuero político como vicepresidenta y jefa del Senado, no irá a prisión.y podría postularse a cargos públicos en las próximas elecciones

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