Mientras Latinoamérica se inclina por los derechos de la mujer y la denominada Marea Verde arrasa de norte a sur apoyando el aborto libre seguro y gratuito, el presidente guatemalteco, Giammattei, promulga al país centroamericano, el pasado 9 de marzo, como la «Capital Iberoamericana Provida». Esta denominación llega un día después de que, junto a su partido, Vamos, de ideología cristiana, y sus aliados en el Parlamento, se haya aprobado una ley que prohíbe el aborto.

La imposibilidad de las mujeres para poder decidir sobre sus propios cuerpos llega en una fecha señalada, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y con un fuerte movimiento feminista alrededor del territorio latino. La ley, denominada Ley Para la Protección de la Vida y la Familia, fue planteada en 2017 como iniciativa 5272. En su inicio fijaba una pena de uno a dos años de prisión, y actualmente se ha fijado con penas de hasta cinco años de prisión como mínimo, tanto si el aborto es provocado por la propia mujer embarazada como si da su consentimiento para que se lo realicen.

El estatuto fue aprobado con 102 votos de diputados socios del partido del gobierno de Giammattei, tan solo ocho votos en contra, y cincuenta abstenciones. La nueva Ley también recoge la prohibición de enseñar en las instituciones académicas la diversidad sexual, es decir, solo la heterosexualidad es válida, y, además, lucha por suprimir a grupos que el gobierno considera impropios hacia la ética cristiana.

También supone prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un veto que puede promover aún más el odio hacia el colectivo LGBT en un país donde, a mediados de junio del año pasado, ya habían asesinado, al menos, a 13 personas de la comunidad, y en lo que va de 2022 se registraron nueve.

La penalización del aborto en Guatemala supone poner en riesgo la vida de las mujeres y las niñas en una región del mundo donde los embarazos en adolescentes y la violencia sexual no deja de crecer.