La policía no nos protege, la policía viola, acosa y asesina. 
La ciudadanía colombiana se enfrenta a una represión agresiva por parte de las autoridades oficiales que suponen salvaguardar los derechos humanos, y lo único que hacen es violarlos.

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Violencia sistemática

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Gritos, el llanto de una madre, súplicas por la no violencia inundan las calles de Colombia en el marco del Paro Nacional, que se ha dado desde el 28 de abril de este año hasta la actualidad. “Nos están matando”, declara un manifestante en un video que muestra a personas sangrantes, tendidas en el suelo. El país ha levantado la voz ante la violencia y, aún en pie de lucha, reclama “ya no más”. 

Las manifestaciones fueron surgiendo alrededor del país, desde las grandes ciudades como Bogotá, Cali y Medellín hasta pueblos aledaños. Convocada por el Comité del Paro, la ciudadanía ha salido a manifestar su rechazo a las políticas del gobierno por imponer una reforma tributaria que aumentaría la pobreza, una reforma de salud que dará lugar a la privatización e inaccesibilidad al servicio, y una serie de actos de desgobierno que los colombianos están cansados de perdonar.

Sin embargo, cuando la ciudadanía colombiana decidió manifestarse en contra de estas imposiciones, la protesta fue recibida con violencia por parte de las fuerzas policiales. Junto al ESMAD, la Policía ejerció actos de abuso de poder e intimidación a los protestantes.

En tan sólo la primera noche de protestas, se dieron 93 casos de violencia policial, uno de ellos resultando en el fallecimiento de un manifestante y tres casos de violencia homicida por parte de las autoridades. Fenómeno que escaló rápidamente en el marco de dos días, con 851 casos de violencia policial y 13 reportes de violencia homicida, según indica un informe de Temblores ONG. 

Tres semanas después del inicio del Paro Nacional, en este informe de Temblores ONG ya se cuentan 2110 casos de violencia policial, con al menos 39 homicidios a manos de las fuerzas públicas. Así mismo, se dieron 16 casos de violencia sexual. 

En la noche del 3 de mayo, en un barrio caleño conocido como Siloé, en la comuna 20, se registró la muerte de tres jóvenes y de 19 heridos a raíz del encuentro de la Policía con los manifestantes. Agentes del ESMAD, armados con bolsas de perdigones, granadas fumígenas, cartuchos de gas de 37 y 40 milímetros y, claramente, armas de fuego, se enfrentaron a la ciudadanía que se protegía con palos de escoba, escudos de madera y lata, cascos de bicicleta y combinaciones de agua con vinagre o leche para evitar respirar los gases lacrimógenos. 

La ONU se ha mostrado con preocupación ante el hecho de que “la policía ha abierto fuego contra manifestantes y se han producido muertes y heridos”. Así mismo le señalan a estas autoridades que tienen un compromiso de proteger los derechos humanos, como el derecho a la vida, como también facilitar el derecho a la protesta.

El ESMAD tiene un amplio recorrido en este tipo de violencias que, como bien señala la Liga Contra el Silencio, suele terminar en impunidad. Desde su creación en 1999 hasta noviembre de 2019, han fallecido cuarenta y tres personas en operaciones donde estuvo involucrado el ESMAD. Esto sin incluir los sucesos en el marco del Paro Nacional.

Tras 15 días de manifestaciones, la Campaña Defender la Libertad registró, para el 13 de mayo, 753 denuncias de abuso de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Entre ellas, 524 personas fueron heridas y 50 asesinadas por el accionar de las fuerzas públicas. 

Esto, añadido a las detenciones arbitrarias, también ejercen intimidación por medio de actos de violencia física, agresión en los ojos y violencia sexual. Estas son tácticas de guerra diseñadas para que se de una retirada por la oposición, pero aquí la única oposición es la ciudadanía, que lucha por su libertad.

Protestar siendo mujer

Hay un riesgo diferente para las mujeres e identidades diversas en el contexto de protesta social que se traduce en múltiples formas de violencia, agresión y discriminación por parte de las fuerzas públicas. Esto va desde detenciones arbitrarias, persecuciones humillantes con palabras degradantes o requisas en los genitales, tratos crueles e inhumanos hasta la violación y tortura sexual en razón de género.

El abuso policial en estos contextos ha servido como mecanismo para imponer y restituir los roles tradicionales de género. La mujer no puede salir a protestar, pertenece en la casa, fuera del espacio público. “Este es un acto de agresión para desmotivar a las mujeres de participar en el paro”, señala Luciana Velasco, coordinadora de Mujeres CRIC, “es una forma muy cobarde de intimidación”.

En el marco de las tres semanas de Paro Nacional, Temblores ONG ha registrado 16 casos de violencia sexual y 3 de género por parte de agentes de la Policía y del ESMAD. 

"Si no quiere que nada le pase por qué no se queda en su casa", le dice una agente del ESMAD a una joven mientras sufría un abuso sexual por parte de agentes masculinos de las fuerzas policiales. La denuncia de la joven relata cómo, durante las manifestaciones del 30 de abril, fue separada de su grupo y sometida a un acto violento y carnal por parte de estos agentes.

También, en el marco de las manifestaciones, se han dado casos de acoso sexual por parte de la policía hacia las mujeres e identidades diversas que asisten a la marcha. "Si así son de bonitas todas las manifestantes, dan ganas de gasearlas a todas", le dijo un agente de policía a una protestante.

Así mismo, este jueves se conoció el caso de una joven de 17 años que denunció un abuso sexual por parte de cuatro agentes del ESMAD en la ciudad Popayán, Cauca. “Me manosearon hasta el alma”, escribió la joven en sus redes sociales que, más tarde, tomó la decisión de quitarse la vida. 

Ante esto, desde las 10 a.m. mujeres de Popayán se reunieron e hicieron un plantó frente a la estación de Policía donde ocurrieron estos actos, exigiendo justicia por la joven y demás mujeres que han sufrido este tipo de vulneraciones. Sin embargo, como indica la coordinadora de Mujeres Cric, la respuesta fue dispersarlas e ignorar sus peticiones. “Quieren callar las voces de mujeres que protestan y de mujeres líderes”, comenta Velasco, que luego hace referencia a cómo una de las jóvenes lideresas CRIC recibió, en el marco de las protestas, dos impactos de arma de fuego.

"Algo muy específico en las protestas de estos días, que es súper importante mencionar, es que muchas veces la violencia sexual está atada a tipos de violencia que inclusive se pueden catalogar como tortura", explicó ayer a EFE, Emilia Márquez, investigadora de Temblores ONG.

Pues la violación se ha utilizado como un arma de guerra e intimidación por siglos, que también han utilizado fuerzas paramilitares y grupos armados para callar a mujeres que son una voz para la comunidad y tienen un alto valor simbólico, como lo son maestras, lideresas o, en este caso, protestantes. En ocasiones como esta es perpetrada como una estrategia de terror, para generar un mayor caos en medio del ya existente conflicto, y así desmoralizar las manifestaciones.

"Esta no es una práctica que se inventó ahorita la Policía en estas manifestaciones, sino que es un tipo de violencia que ha pasado en contextos bélicos desde hace muchísimo tiempo", señaló la investigadora Márquez a la agencia EFE.

Ante estas violencias, agrupaciones feministas han convocado acciones en el espacio público para manifestar su profundo rechazo e inconformismo con cualquier tipo de agresión sexual. 

La Minga Indígena llegó en son de paz y fue recibida con bala

El viernes 30 de abril, la Minga se unió al paro nacional que inició el 28 de abril para rechazar el proyecto de reforma tributaria impuesta por la administración del presidente Iván Duque. “Desde hoy se activa la minga hacia afuera”, manifestó la Consejería Mayor del CRIC.

El 1 de mayo, en horas de la mañana, la Minga llegó a la capital del Valle del Cauca, en señal de unión y solidaridad con los caleños. Es recibida calurosamente por el resto de los manifestantes, como se evidencia en un video publicado por la Comisión interétnica de la verdad de la región del Pacífico (CIVP) en su cuenta oficial de Twitter.

Se propusieron hacer acompañamiento a los ciudadanos caleños que se estaban manifestando, haciendo un llamado a la paz y protegiendo la protesta de la violencia policial. Como también su integración constituía una manifestación por sus peticiones que no han sido escuchadas, denunciando la emergencia humanitaria que se está generando en el marco del paro, las fumigaciones aéreas, y el incumplimiento del Acuerdo de Paz con la militarización de los territorios y la agudización del conflicto armado.

Sin embargo, para la tarde del 9 de mayo, la violencia llegó a un punto tan alto que personas vestidas de civil agredieron a integrantes de la Minga con armas de fuego. Según comunicó el CRIC por medio de Twitter, quedaron heridos ocho indígenas por impacto de bala por parte de civiles que quisieron impedir el ingreso de la comunidad para acompañar la protesta.  

Por medio de una denuncia pública en la página del CRIC, señalan cómo una turba uribista trabajó en conjunto con la fuerza pública para atacar a la Minga. Según explica el comunicado, los civiles realizaron la retención de un vehículo que transportaba a autoridades y mingueros que se dirigían a acompañar el paro, y que, ante la llegada de más integrantes de la Minga para protegerlos, se desataron disparos por parte de los residentes de Ciudad Jardín, lugar donde ocurrieron los hechos.

En la mañana del 14 de mayo, el líder campesino y Representante a la Cámara por Boyacá, César Pachón hace una transmisión en vivo, por medio de Facebook, en la que explica cómo este ataque fue, en verdad, una emboscada. 

Como señala el representante, fue detenida a la altura del río Jamundí una comisión  de la Minga que llegaba desde Santander de Quilichao, liderada por “el Thutenas” Harold Secué, la cual estaba encargada de los alimentos. Les cerraron el paso, con tres camionetas, unos hombres vestidos de camiseta blanca portando armas de fuego que tampoco permitieron que se devolvieran. “Incluso se comunicaron con la Policía”, afirma Pachón.

Tras una hora de detenimiento, Secué se comunicó con la Guardia Indígena para recibir apoyo. Sin embargo, llegaron antes las chivas que lo venían acompañando, y fue sólo hasta entonces que fue liberado. 

Luego, al continuar su viaje e ingresar a la Avenida Cañasgordas con calle 127, se encontró con la Guardia y aquí fue cuando se desató el tiroteo por parte de civiles hacia la Minga. “‘El Thutenas’, en medio de la balacera, llegó a identificar a una de las camionetas que lo había bloqueado en el puente del Río Jamundí minutos antes”.

Lo cual sería prueba de que la retención realizada anteriormente fue parte de una estrategia anteriormente planeada para emboscar a la comunidad indígena, pues hubo reacciones xenofóbicas por parte de la ciudadanía ante su llegada. Incluso, gracias a unos audios de Whatsapp, se demuestra en esta rueda de prensa que los ciudadanos contaban con el apoyo policial para organizarse contra la Minga. Los videos también muestran cómo la policía está en el lugar de los hechos, observando más no actuando.

“Esta organización no es de unos vecinos que les gustan las armas, es una organización de personas con formación militar que están coordinados entre sí”, denuncia Pachón, “disparan y disfrutan hacerlo”.

Entidades oficiales como la ONU rechazaron estos ataques y solicitan que se haga una investigación de los hechos.

Una de las peticiones de la Minga es que Duque se reúna con ellos para el diálogo, sin embargo, el mandatario confirmó que no iba dirigirse a Cali. De hecho, pidió a los indígenas que regresaran a sus territorios “para evitar confrontaciones innecesarias”.

“Si bien nos estamos devolviendo, no es por hacerle caso al gobierno”, afirma Velasco, Coordinadora de Mujeres CRIC, “sino para poder volver más fuertes”. Señala que esta es una violación rotunda de derechos humanos y que, como ciudadanos de la nación colombiana, los indígenas exigen que se realice una investigación de estos hechos. 

También declara que la comunidad sigue en apoyo al Paro Nacional, “al pueblo se le soluciona no con balas, sino con diálogo”. 

¿Cuáles son las peticiones de la ciudadanía?

1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación.

2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.

3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria

4. Matrícula cero y no a la alternancia educativa.

5. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica

6. No privatizaciones y derogatoria del decreto 1174.

7. Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.

Así mismo, las centrales obreras manifestaron que continuarán con el paro hasta obtener “garantías y libertades Democráticas, garantías constitucionales a la movilización y la protesta. Desmilitarización de las ciudades, cese de las masacres y castigo a los responsables. Y, así mismo el desmonte del ESMAD”.