El miércoles 25 de agosto de 2021, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en Colombia publicó un informe en el que se explica la posición de la Fiscalía de la Nación sobre la criminalización del aborto y exponen la cifra alarmante de que alrededor de 400 mujeres que han sido sometidas a consecuencias legales fueron niñas entre los 14 y 17 años de edad.

El informe hace énfasis en el aborto consentido, el cual es motivo de condenar de 16 a 54 meses en prisión, según el artículo 122 de la ley 599 de 2000 en el Código Penal. De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación, cerca de 250 mujeres fueron condenadas a partir del año 2005. En el informe presentan las tablas con los números de casos según tipo de actividad, que indican que 450 casos se encuentran en etapa de ejecución de penas y 102 en proceso de juicio.

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Según la base de datos de la Fiscalía, el caso más antiguo se llevó a cabo en 1998, y a partir del año 2008 el promedio se encuentra rondando los 400 casos por año hasta el 2018. Entre las observaciones que destaca el informe se encuentran:

• La no reducción de casos que debería haber luego de que la Corte Constitucional ejecutara la despenalización del aborto y la Fiscalía dieran la orden del principio de oportunidad; pero cerca de una quinta parte de los casos reportados a la Fiscalía tienen consecuencias encontra de las mujeres.
  

• El 12,5% de los casos reportados son de menores de edad y el 25% de las condenas son para ellas.
  

• “La distribución de los casos muestra que no es homogénea por departamentos ni por municipios”.

Entre los departamentos registrados, los dos que presentan el mayor número de condenas por caso de aborto son Caldas (18,48%) y Boyacá (13,94%).

El informe concluye resaltando la similitud que existe entre el “delito de aborto” y demás delitos, como el de homicidio, en cuanto a cómo es registrado y judicializado por parte de los jueces, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y los actos de la misma ciudadanía. Se encuentran sesgos en los procesos y ejecuciones tras la persecución penal hacia las mujeres, en especial menores indiciadas por el “delito de aborto”.