En marzo de este año la Unión Europea hizo pública su decisión de declarar a sus 27 países miembros como Zona de Libertad LGBTIQ, con el objetivo de proteger y promover la igualdad y los derechos fundamentales de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer.

Ana Paula Zacarias, Secretaria de Estado portuguesa de Asuntos Europeos, afirmó que “no debería haber lugar para la homofobia en ningún sitio de Europa” y manifestó que el objetivo es hacer “todo lo posible para proteger a las personas de la discriminación debido a su orientación sexual o identidad de género, y para asegurarnos de que en toda Europa puedan disfrutar de la igualdad en su vida diaria”.

 Esta resolución del Parlamento Europeo, aprobada con 492 votos a favor y 141 en contra, busca frenar la discriminación, el acoso permanente y el discurso de odio, incluso por parte de algunas autoridades públicas.

 “En algunos países de la Unión Europea, las personas LGBTIQ han sido objeto de ataques cada vez mayores por parte de políticos, líderes religiosos y otras figuras públicas. Esto ha llevado a un aumento en el uso de chivos expiatorios de las personas LGBTIQ que, por ejemplo, se enmarcan como una amenaza para los niños”, afirmó Helena Dalli, Comisaria europea para la Igualdad.

Polonia: el caso que más preocupa

La proliferación de las denominadas “zonas libres de ideología LGBTI” constituidas a través de “Cartas regionales de derechos de la familia”, con el respaldo del Partido Conservador Nacionalista Ley y Justicia (PiS por sus siglas en polaco Prawo i Sprawiedliwość) y la Iglesia Católica, ha encendido las alarmas.

En 2019, Swidnik se convirtió en el primer municipio polaco en adoptar una resolución contra la “ideología LGBT”. Actualmente, más de 100 regiones, condados y municipios de este país han adoptado estas resoluciones, como un acto principalmente simbólico, que tiene como objetivo no fomentar la tolerancia hacia esta comunidad y retirar la asistencia financiera de las organizaciones que promueven la no discriminación y la igualdad.

El Jefe de Estado polaco, Andrzej Duda, durante la campaña de reelección, firmó la "Carta por la familia" comprometiéndose a apoyar a la familia tradicional y a proteger a los niños de la ideología LGTBI, la cual aseguró es peor que el comunismo.

"Respeto a todas las personas, pero no permitiré la ideologización de los niños, porque es mi responsabilidad para con Polonia y la juventud polaca” y agregó que las pasadas generaciones polacas no lucharon durante 40 años para “expulsar la ideología comunista de las escuelas" para que ahora se acepte "que venga otra ideología, aún más destructiva para el ser humano"(Milenio, 2020)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseveró que "las zonas sin LGBTI son zonas sin humanidad y no tienen cabida en nuestra Unión. No descansaré hasta construir una Unión de igualdad en la que puedas ser quién eres y amar a quien quieras sin miedo ni recriminación".

Para algunos veteranos polacos de la Segunda Guerra Mundial, la postura del gobierno es otra forma de deshumanización. Incluso, algunos han llegado a comparar las “zonas libres de ideología LGBTI” con las Judenfrei, termino empleado por la Alemania Nazi para designar las “zonas libres de judíos” entre ellas Gelnhausen (Alemania), Luxemburgo, Serbia/Belgrado, Viena y Berlín.

En Hungría, Rumania y Letonia también buscan suprimir la legislación de género

Otros países donde las autoridades públicas han buscado suprimir la legislación de género y crear condiciones de discriminación han sido Hungría, Letonia y Rumania. 

Según la resolución de la Unión Europea, en noviembre de 2020, la ciudad húngara de Nagykáta adoptó una resolución que prohíbe la "difusión y promoción de la propaganda LGBTIQ". Así mismo, el Parlamento húngaro adoptó enmiendas constitucionales que restringen aún más los derechos de las personas LGBTIQ, que no toman en cuenta la existencia de personas transgénero y no binarias y limitan su derecho a la vida familiar. (Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021)

En Letonia se impulsó una reforma constitucional que buscaba restringir la extensión del concepto de familia. Mientras tanto en Rumania, se aprobó un proyecto de ley para prohibir las actividades destinadas a abordar la teoría de la identidad de género en contextos educativos, sin embargo, el Tribunal Constitucional rumano declaró que la ley era incompatible con la Constitución.