El camino hacia la igualdad de género continúa siendo largo y aunque el cambio es visible y notable, sigue siendo lento y constante. Si hablamos del derecho a tomar decisiones de forma autónoma en cargos que permitan ejercer un cambio, el género más restringido sigue siendo el femenino. En Ecuador en las elecciones del periodo 2019 al 2023 del total de alcaldías a nivel nacional, solo 18 son presididas por mujeres, esto equivale al 8% frente a un 92% de hombres, según los datos del CNE. Y esta es solo una muestra palpable y cercana de que la lucha por promover la paridad en los cargos públicos aún es ardua.  

Hay muchos organismos como ONU Mujeres que de la mano de una de sus comisiones CEPAL (Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe) estudian el comportamiento y los avances de la presencia de las mujeres en los distintos niveles de los poderes del Estado y a las medidas orientadas a promover su participación plena y en igualdad de condiciones. En un estudio de CEPAL se catalogan seis indicadores para medir la Autonomía femenina en la toma de decisiones:

• Poder judicial: porcentaje de mujeres ministras en el máximo tribunal de justicia o corte suprema
• Mujeres alcaldesas electas
• Mujeres concejalas electas
• Poder ejecutivo: porcentaje de mujeres en gabinetes ministeriales.
• Nivel jerárquico de los Mecanismos para el Adelanto de la Mujer (MAM)
• Países que han firmado y ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

Cuba, Chile y República Dominicana son tres de los países Latinoamericanos que registraron avances en la presencia femenina en los máximos tribunales de justicia, con un incremento de 7.16 p.p, 6.16 p.p, y 5.88 p.p, respecto al año anterior. Cuba es el país con el mayor porcentaje de mujeres ministras en el máximo tribunal de justicia en Latinoamérica, mientras Guatemala tiene un descenso del -12.18 p.p. 

¿Y en el legislativo cuál es el panorama de América Latina y El Caribe según CEPAL? 

“Un aumento discreto” ese es el panorama de las mujeres en gabinetes presidenciales. En la región se cuenta solamente con un 28.5% de mujeres en gabinetes ministeriales, un 32.9% de parlamentarias en las Cámaras bajas, un 24.5% de los escaños ocupados por mujeres en los gobiernos locales y un 32.1% de mujeres en el máximo tribunal de justicia o corte suprema. Actualmente (2021) de los 20 países latinoamericanos 0 tienen a una mujer como presidenta. 

A pesar de no tener representación femenina presidencial, América Latina aumentó 3.5 puntos porcentuales, alcanzando un promedio de 28,5%. Esta alza fue levemente más grande en Caribe, pasando de un promedio de 15,18% a un 19,42%. 

Colombia, Costa Rica y México han tenido un incremento importante. Por su parte desde 2018, Costa Rica lidera con un gabinete mayoritariamente ocupado por mujeres, mientras Colombia posee un gabinete con el 50% de paridad, cada vez hay más mujeres en la administración pública colombiana. 

En las elecciones de 2021 en Ecuador de 116 Asambleístas Nacionales electos solo 43 son mujeres, es decir un 37%. A nivel mundial al igual que en este análisis se denotan que los promedios de participación de las mujeres están concentrados en áreas sociales y con menor incidencia en política y economía. 

La presencia de alcaldesas ha crecido a un ritmo parsimonioso, en porcentajes solo ocupan el cargo un 15,5% de mujeres, cifra levemente superior al 12,1% observados en el 2014.

Las concejalas van ganando terreno, pero si comparamos el promedio regional en 2018 solo representan un 29%, lo que significa un aumento de 8 puntos respecto a 2008. Subir 8 puntos en una década muestra el avance lento pero continuo del que hablábamos. 

El Salvador, Honduras, Ecuador, República Dominicana, y Cuba son algunos de los países cuya presencia de concejalas supera el 30%. Sólo tres países poseen cifras inferiores al 15% (Panamá, Guatemala y Brasil). Por su parte, Bolivia pasó de un 13,4% en 2005 a un 51.1% desde el año 2015. Esto se relaciona directamente con la ley de paridad aprobada en 2009 y luego perfeccionada en 2010.

1980 fue una fecha crucial para la implantación de los mecanismos para el adelanto de la mujer (MAM), los mismos que hasta hoy tienen diversos niveles de institucionalidad y jerarquía ya que dependen de la burocracia estatal de cada país. En América Latina el 60% de los países poseen MAM de alto nivel - lo que significa que estos han recibido rango institucional de Ministerio o su titular tiene rango de ministra o ministro, con plena participación en el Gabinete.

En el Caribe, 83,3% de ellos siguen en un nivel bajo de institucionalización - es decir, dependen de un ministerio o de una autoridad de menor rango (viceministerios, institutos, concejos y otras figuras).

El último de los indicadores y a su vez uno de los más importantes es el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea General en 1999, este obliga a los Estados signatarios a reconocer la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para recibir y considerar las quejas expresadas por personas o grupos organizados de la sociedad civil, lo que constituye un mecanismo exigente de rendición de cuentas en materia de actos de discriminación contra las mujeres, en comparación con el mecanismo vigente de presentación de informes periódicos.

Una minoría de los países latinoamericanos no han firmado ni ratificado el Protocolo. Argentina y Colombia fueron los últimos países de la región que lo ratificaron, ambos en 2007. Por su parte, Chile, Cuba y El Salvador firmaron el Protocolo Facultativo entre 1999 y 2001, sin que hasta hoy lo hayan ratificado. Puerto Rico, Honduras y Nicaragua son los únicos países entre los 20 latinoamericanos que todavía no lo han firmado.

Mucho por recorrer, cambiar y conquistar…No tener equidad en cargos de peso político contribuye a un progreso parsimonioso en la lucha por la igualdad, por la paridad, por la autonomía en la toma de decisiones. Las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos civiles, el mismo acceso a la educación, a la democracia, a las mismas oportunidades de trabajo y si estas leyes y derechos son iguales ¿Por qué esta igualdad no se refleja en estadísticas, por qué no hay un incremento aligerado? 

Los seis indicadores antes expuestos nos ayudan a medir y sentar bases, saber en qué se debe hacer más hincapié. Porque “la igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento por resolver los problemas sociales, económicos y políticos”, Kofi Annan. 

Las mujeres tenemos la capacidad, pasión, conocimiento y perseverancia para ser partícipes contribuyentes del cambio en diversos niveles de los poderes del Estado.