Sergio Martín del partido FARC junto a varios congresistas de esta colectividad firmaron una proposición para que se elimine el artículo 44º de la ley de financiamiento para el año 2020. Según Marín, esa proposición logró “bloquear” el apartado que “pretendía dar un ‘tiro de gracia’ a las Universidades Públicas”. El artículo 44º dice lo siguiente “en virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la constitución política. Las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos en contra de la Nación con los recursos por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la ley 30 de 1992”.

El artículo fue aprobado el miércoles 16 de octubre por las plenarias del Senado y la Cámara con el que se deja abierta la posibilidad para que las universidades del Estado paguen con recursos asignados para educación las sentencias proferidas en contra de la Nación. De inmediato las voces del movimiento estudiantil y docentes de diferentes universidades públicas se pusieron al tanto para tomar medidas que contrarrestaran dicha aprobación.

Mientras tanto, escuderos y defensores del artículo 44º manifestaron que bajo los principios de la administración pública la interpretación del 44º estará a favor de las universidades y que la voluntad política del actual gobierno ha demostrado compromiso y cumplimiento con lo pactado en 2018 con el movimiento estudiantil. Por otro lado el Ministro Carrasquilla anunció que el Gobierno objetará el artículo para que pueda ser revisado nuevamente por el Congreso - Congreso que curiosamente termino aprobando el artículo 44º - adicionalmente el Ministro dijo que en la aprobación del presupuesto, por tradición desde el año 2002 se ha venido aprobando sin ningún problema este artículo.

Sin duda alguna el manejo de la Política Fiscal y Tributaria del actual Gobierno ha puesto en contradicción los principios pregonados en campaña, en los que prometían estabilizar la economía y específicamente frente al tema de educación superior, garantizarían el acceso universal, la cobertura total para todas y todos los jóvenes y que calidad de este derecho mejoraría sustancialmente bajo un modelo económico equitativo y de oportunidad. La realidad actual desdibuja las promesas y las acciones concretas (no realizadas) del Gobierno en cabeza del Sub-Presidente Duque, el desfinanciamiento de las Universidades Públicas ha aumentado bajo el modelo neoliberal que ha gobernado desde los años 90 y que ha sido expuesto de forma crítica a lo largo de este comienzo de siglo por diversas voces en diferentes espacios académicos, sociales y políticos.

Se suman a este problema del artículo 44º y en general los problemas de financiación de las Universidades Públicas en Colombia, el asesinato de lideresas y líderes sociales, la tasa de desempleo más alta en la historia moderna del país, las reformas pensionales y tributarias, la reducción del presupuesto a políticas sociales, la regulación de la protesta social, el modelo de extracción minera (fracking), nuevamente el desplazamiento de comunidades rurales (Antioquia) y urbanas (Buenaventura), incumplimiento de los acuerdos de paz y un sin número de situaciones socialmente problemáticas que terminarían por llenar el espectro de este escrito.

La respuesta no podría ser otra diferente al mecanismo que emerge nuevamente – luego de un largo descanso – con fuerza en Latinoamérica “la movilización social” que ha causado tanto impacto por estos días en los casos de Puerto Rico, Brasil, Ecuador, Chile y Bolivia, Francia, Barcelona Haití entre otros, y que ha sido una vía de hecho concreta para no solamente poner en la agenda pública los problemas sociales que son palpables en Latinoamérica, sino que también enfrentar radicalmente al bien llamado “paquete neoliberal” que Gobiernos como Colombia pretenden implementar, sin que la sociedad refute su actuar y mucho menos que salgan a las calles a movilizar el contexto.

El paro planeado para el 21 de noviembre de 2019 es la respuesta a un Gobierno incapaz de entender la interculturalidad, que a oídos sordos pretende callar las voces que lo cuestionan, que no se despega de su figura patriarcal y dominante, que mediante el uso legítimo de la fuerza estatal y paraestatal asesina y bombardea  a niños y niñas de zonas rurales (las más afectadas por el conflicto armado) y que descaradamente argumenta que son líos de faldas, que son problemas por robo de prendas extendidas en los patios o que parecía sospechoso por su aspecto (Dimar Torres). Finalmente, la movilización estudiantil y de otros sectores son el mecanismo para hacer ingobernable a una administración que retoma los crímenes de Estado (falsos positivos) que está lejos de recomponer el camino, que se enquista en políticas godarrias y restrictivas, por esto y por otras razones no expuestas es que la movilización social y el paro nacional pueden mostrar el cambio de paradigma que necesita con urgencia Colombia, sumarse con acciones al contexto de transformación en Latinoamérica, es sin duda alguna, la respuesta para consolidar y garantizar los nuevos Derechos Humanos.