Colombia es un país con 8.760.290 víctimas del conflicto armado según las cifras entregadas por la Unidad para las víctimas, una entidad que ya naturalizamos al igual que lo hicimos con la violencia y la ineficacia de nuestro aparato estatal para garantizarnos el derecho a vivir en paz. Sin embargo, en el actual contexto en que mucho se habla de posconflicto pero poco se hace desde el gobierno para consolidarlo, vale la pena hacerse algunos cuestionamientos, por ejemplo, si avanzar en la construcción de paz significa construir una sociedad donde ya no hay víctimas de ningún actor armado, las personas hoy reconocidas y categorizadas como víctimas, ¿pueden dejar de serlo? y más aún, ¿quieren dejar de serlo?, no para que dejen de recibir las medidas reparadoras que hoy por ley les corresponden, sino más bien, para que puedan rehacer sus vidas desde otra perspectiva, y finalmente siguiendo este razonamiento, ¿qué medidas están dadas desde el Estado para que esto suceda?

Es innegable la importancia que ha tenido en términos de reivindicación y reparación, el reconocimiento formal por parte del Estado y de la comunidad internacional de la existencia de un grupo de ciudadanos que ha sufrido de múltiples formas los efectos de un conflicto armado interno. Para las mujeres víctimas el impacto de este reconocimiento ha sido aún mayor, en la medida en que se han reconocido ciertos tipos de afectaciones a causa del conflicto armado que han estado ligadas al género, como lo son los Delitos contra la integridad sexual y reproductiva; no obstante este mismo reconocimiento ha permitido que muchos grupos de mujeres trascienden de su condición de víctimas y se consoliden como actores de incidencia política y constructoras de paz, tal es el caso de la Liga de Mujeres desplazadas, una organización fundada en el año 1999 por la abogada feminista Patricia Guerrero pero que desde sus orígenes ha sido integrada por las mismas mujeres víctimas del conflicto armado y que tiene como propósito la defensa de los derechos de esta población.

La liga ha generado cambios trascendentales en el rol de las mujeres víctimas dentro de la sociedad y frente a los imaginarios que se construyen en torno a ellas como sujetos pasivos e incapaces de mover recursos para posicionar sus necesidades en la agenda política, un claro ejemplo de ello es la construcción de la Ciudad de las Mujeres en el municipio de Turbaco, situado a 10 kilómetros de la ciudad de cartagena. La Ciudad de las mujeres es un proyecto que logró brindar vivienda a un grupo de mujeres desplazadas que arribaron al departamento de Bolívar. La clave del proceso ha sido lograr que a través de la formación política, este colectivo de mujeres haya desarrollado su capacidad organizativa, buscando tener incidencia política y movilizando los recursos.necesarios para la construcción de toda una urbanización para ellas mismas.

Tiempo después de la construcción de la Ciudad de las mujeres, los mismos actores que obligaron a sus habitantes a desplazarse de sus lugares de origen, atentaron contra las instalaciones del centro comunitario que construyeron como lugar de encuentro y participación, sin embargo la capacidad organizativa y de autogestión le permitió a esta colectividad reconstruir el espacio, decisivo para el ejercicio de su ciudadanía. Hoy en dia la organización se viene proyectando como un sujeto de reparación colectiva en los términos que establece la ley 1448 o ley de víctimas y genera proyectos en beneficio de la población de mujeres víctimas.

Con el ejemplo de la Ciudad de las mujeres y la Liga de Mujeres Desplazadas, se evidencia la importancia de generar capacidades dentro de los grupos de mujeres afectadas por la violencia, en aras de que logren gestionar las medidas necesarias para tener trayectorias de vida dignas y superar los efectos negativos de los hechos que sufrieron con ocasión del conflicto, sin embargo parece que se han quedado cortas las disposiciones de las instancias gubernamentales para promover la adquisición o fortalecimiento de dichas capacidades entre la población víctima y mucho menos en la de género femenino.

Si bien se ha promovido la conformación de organizaciones de víctimas y su inserción en escenarios como las mesas departamentales de participación política ¿Por qué no vemos a las víctimas usualmente como candidatas en contiendas electorales? (y esto ya pasaba desde antes de que en el marco de la negociación del Acuerdo de paz se le diera la espalda a la iniciativa de curules para las víctimas), o ¿cuántos planes de desarrollo regionales incluyen entre sus medidas de atención a la población víctima brindar herramientas para el empoderamiento político de las organizaciones de mujeres víctimas y no solo medidas de asistencia?, ¿se puede distinguir claramente en el conglomerado de políticas públicas referentes a la población víctima lo que se espera dejar como capacidad en esta población para que puedan superar lo sucedido y especialmente para las mujeres, teniendo en cuenta que todas estas políticas declaran tener un enfoque de género?

Si bien no se puede negar que hay iniciativa loables en algunas entidades para fortalecer la participación política de las mujeres, como en la Secretaría Distrital de la mujer de la ciudad de Bogotá, con la Escuela de Formación Política y sus cursos abiertos, aún hay mucho por avanzar en propuestas de formación y mentoría, acordes a las características y necesidades de las mujeres víctimas del conflicto si de verdad se pretende dar pasos en dirección a una sociedad de posconflicto y es esto precisamente lo que nos están debiendo las distintas administraciones a nivel nacional, esperemos que en caso de llegarse a concretar la elaboración de planes de desarrollo territoriales orientados a la construcción de paz, estos aspectos no se sigan pasando por alto y que el enfoque de género en el Acuerdo de paz se haga tangible con medidas para favorecer a las mujeres víctimas como grupo político a fin de que en un futuro ojalá cercano, podamos trascender de la victimización.