En latinoamérica los índices de asesinatos selectivos, mantienen el ranking en el mundo como las zonas más peligrosas para las personas que luchan por la igualdad y respeto por los derechos de las personas, comunidades y el medio ambiente, según un informe de Global Witness. Ocupando los primeros puestos Brasil, Colombia y México.
Colombia es un país donde históricamente ha gobernado la violencia , la guerra ha dejado un saldo de 220.000 asesinatos documentados; 25 mil seres humanos desaparecidos; 5’700.000 desplazados; 1980 pueblos masacrados; y 27 mil secuestrados en no menos de 60 años. Y que a pesar de estas cifras continúan estos actos violentos durante y después de haberse firmado un acuerdo de paz con la guerrilla FARC, la guerrilla más antigua de suramérica. Eso nos muestra que no solo la guerrilla han sido las únicas culpables de estos hechos violentos, si no que se trata también de otros grupos armados, legales e ilegales que persisten en el país.
En el 2017, 97 líderes y lideresas sociales han sido asesinados, 37 están relacionados con el sector agropecuario, 23 con la caza furtiva, 36 con minería, 19 con explotación maderera y 3 con agua y proyectos de represas, entre otros, cifras del informe de Global Witness, en este punto, en lo que va del 2018, 93 personas han sido víctimas del exterminio.
Según la Fundación Paz y Reconciliación estos actos violentos son sistemáticos, esto quiere decir que estos hechos fueron planeados y realizados dentro de una línea y patrón común, siendo ataques contra defensores de derechos humanos, defensores ambientales y territoriales, miembros de organizaciones comunitarias como juntas de acciones comunales y resguardos indígenas, convirtiendolos en victimas de persecución, estigmatizados y asesinatos selectivos.
Según este informe cada 5 días es asesinado un líder o lideresa social y cada 8 días hay una amenaza a esta población específica, sin contar con las personas que por miedo no denuncian en ninguno de los anteriores casos.
Las razones que señala el informe sobre las causas de los asesinatos sistemáticos en el 2018 se encuentra: la contienda electoral entre dos partidos de diferencias social y política; al igual que la implementación de algunos puntos del acuerdo de paz sobre sustitución de cultivos ilícitos y por último la confrontación entre bandas criminales y otros grupos ilícitos por territorios en disputa que quedaron a la deriva luego de la consolidación del Estado Social de Derecho.
Según un informe del Global Witness, las defensoras y defensores del medio ambiente están siendo asesinadas por defender su territorio ancestral, su hogar, su medio de convivencia y sus comunidades de quienes quiere arrebatarles a la fuerza haciéndole daño a la tierra con petróleo, gas, minería, monocultivos, fumigación, transgénicos y demás acciones violentas.
Hay que señalar que estos homicidios se han registrado en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado y donde persiste las economías y grupos armados ilegales; como son los departamentos del Cauca, Antioquia, Nariño, Córdoba y Valle del Cauca. Asesinatos que representan el extremo de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a los protectores de la vida, que incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresión sexual, secuestros, multas, ataques legales, desplazamientos forzados, estigmatización mediática, robos y lesiones personales. Los paramilitares, la policía y los terratenientes fueron los principales responsables de las muertes en 2016.
Convirtiéndose en una batalla filantrópica para las comunidades que buscan la paz, y por lo contrario siempre han recibido ser invisibilizados e ignorados y por ende revictimizados por el gobierno. Todo esto, por el temor a poner en riesgo las políticas neoliberales acompañada de explotación y apropiación de la tierra y los recursos naturales. Y en consecuencia este tipo de casos en un 85% quedarán en la impunidad además serán usados como dispositivos de amenaza y terror para disuadir a la comunidades y organizaciones sociales y políticas.
Las medidas pobres suministradas por el gobierno en defensa de los Derechos Humanos, planes integrales de promoción, prevención y garantías de no repetición, además las opciones de seguridad a la hora de presentar denuncias son mínimas para estas personas. Sin embargo se escuchan las voces de resistencia y lucha, en redes sociales y manifestaciones que exigen por la importancia y cuidado de estas personas dentro del marco de implementación de los acuerdos de paz de igual modo las garantías de sus derechos fundamentales y de reinvindicación territorial para de algún modo mitigar y lograr salvaguardar sus vidas que cumplen una función de gran importancias para sus comunidades.
Referencias:
De justicia, derecho -justicia - sociedad. Revista digital.
Fotografías: Adriana Martínez, tomadas en las marchas por la paz en Colombia 2016.
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