El pasado 6 de octubre las comisiones terceras conjuntas del Senado y la Cámara de representantes aprobaron después de dos ponencias, el proyecto de reforma tributaria. La primera, presentada por la bancada de la oposición con el objetivo de archivar el proyecto y la segunda presentada por congresistas afines al gobierno Petro en la que se plantean nuevas modificaciones y se añaden 27 nuevos artículos.

En el documento presentado por el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se encuentran los cambios que se propusieron a la reforma. Entre las principales modificaciones frente a la propuesta original sobresale la disminución de la meta de recaudo, la eliminación del impuesto a las pensiones altas, la modificación de la sobretasa al sector minero-energético y la reducción del listado de alimentos ultra procesados, entre otros.

La intención del proyecto era obtener 25 billones anuales, sin embargo, con las modificaciones aprobadas en primer debate, el recaudo disminuyó a 22 billones de pesos. En el siguiente cuadro se muestra la distribución del recaudo:

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Impuesto al patrimonio

El Gobierno Nacional pactó una tasa de 0,5% para patrimonios mayores de los $3.000 millones de pesos. Aquellos que sean mayores de $5.000 millones de pesos tendrán una tasa de 1% y a los que superen los $10.000 millones de pesos será de 1,5%. El ministro de Hacienda, aclaró que esta tarifa más alta será temporal por un periodo de cuatro años.

Eliminación del impuesto a las pensiones

Como contexto, esta propuesta del Gobierno consistía en gravar, a través de la renta, a los ingresos pensionales que superaran los $10 millones de pesos. Esto, según cálculos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, representaba a menos de 17.000 personas, tanto en Colpensiones como en los fondos privados de pensiones. También incluiría a colombianos con altos ingresos en los regímenes especiales, como las Fuerzas Militares, así como a los mismos congresistas.

Sin embargo, esta controversial propuesta fue rechazada en el debate, argumentado por la posible inconstitucionalidad que tuviera el artículo, teniendo en cuenta que imponer dicho gravamen puede violar algunos derechos adquiridos y desmejorar las pensiones, lo cual está prohibido por el derecho internacional y constitucional, donde se considera que esta retribución es un derecho humano que el Estado debe asegurar.

Sobretasa a la renta

La propuesta de impuestos a las exportaciones de petróleo, oro y gas no superó el primer debate. En cambio, el Gobierno anunció una serie de sobretasas de renta para las empresas del sector minero-energético. Según el presidente Petro, habrá una sobretasa para el petróleo de 5%, 10% y hasta del 15% en caso de que los precios internacionales sobrepasen el promedio de los últimos 20 años, aunque no especificó los rangos en los que se aplicarían estas tasas.

En el caso del carbón, el presidente Petro dijo que habrá una tasa diferencial de máximo 10%, que comenzará a aplicar un poco más tarde, ya que sus costos de producción son diferentes. 

La idea de la sobretasa según el Gobierno, es “seguir incorporando instrumentos que permitan crear un sistema tributario más equitativo y progresivo”, a la vez de seguir promoviendo la nombrada transición energética.

Alimentos ultra procesados

El ministro Ocampo remarcó que se redujo la lista de los alimentos ultra procesados que serán gravados, para evitar que se afecte a los hogares más vulnerables y a los tenderos. Además, agregó que todos los productos lácteos serán excluidos, pero será para el segundo debate en el Congreso de la República.

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Esta reforma tiene como finalidad progresar en 2 aspectos, primero en reducir las exenciones inequitativas que benefician a las personas naturales de más altos ingresos y algunas empresas, así como combatir la evasión y la elusión de impuestos para mantener la estabilidad fiscal. Y segundo, recaudar los recursos suficientes para el fortalecimiento del sistema de protección social, constituyendo así este Proyecto de Ley sobre los principios constitucionales de la equidad, eficiencia y progresividad, con el propósito de aminorar la deuda social que tiene el Estado colombiano con sus habitantes.

Estas medidas se encaminan con la priorización que se hará de algunos sectores estratégicos, como por ejemplo la educación, la salud, la transición energética, la protección del medio ambiente, el desarrollo productivo, y la economía popular, acorde al plan de Gobierno del presidente Petro.