Una de las características fundamentales de la modernidad es su perspectiva individualista de las relaciones sociales, situando al individuo como el núcleo de las mismas. Es así que se invierte la relación del deber sobre el derecho que tradicionalmente se afirmaba tanto en la teoría como en la práctica social y política. En consecuencia, el Estado ya no tendrá como principal fin proteger la integridad del grupo social, sino la del individuo. Dicho cambio resulta relevante, porque las prácticas sociales y las decisiones políticas deben reconocer que cada individuo es un fin en sí mismo, titular de derechos y libertades y no un medio para la preservación del organismo social.

En este sentido, para el Estado moderno los derechos humanos, que tienen como objetivo proteger al individuo frente a los abusos del poder, son la fuente de su propia construcción y mantenimiento. En otras palabras, el fundamento de la obligatoriedad que hace al individuo reconocer y actuar con base en las normas impuestas por el Estado, es la capacidad de éste de asegurar la protección y el goce de una vida digna por parte del individuo. Aunado a lo anterior, con la instauración y ampliación de la democracia como forma de gobierno en los nuevos Estados-nación se intenta evitar la existencia de un poder centralizado y absoluto, permitiendo que nuevas voces sea escuchadas y ampliando la gama de los derechos humanos. Sin embargo, tanto en la antigüedad como en la modernidad, la discriminación ha sido un elemento que atraviesa las relaciones políticas, jurídicas y culturales, impidiendo el goce de los derechos humanos, promoviendo la segregación y profundizando el descontento social con la democracia, con lo que se ve amenazada y dañada la dignidad de los individuos.

La discriminación puede ser entendida como un fenómeno social basado en prejuicios, estigmas o estereotipos que se plantean desde un único modo de ser o estar en el mundo, generando juicios de valor, acciones o prácticas negativas cuyo fin es posicionar la idea de superioridad de un grupo de personas sobre otras. Entre las principales causas que generan conductas discriminatorias se encuentran los motivos de etnia, sexo, género, lengua, identidad, discapacidad, religión, etcétera. De tal manera que la discriminación debe ser abordada como un problema estructural que se encuentra impregnado en todos los tipos de relaciones sociales e institucionales, siendo una constante histórica en las mismas, provocando que todas y todos nos encontremos expuestos a ella en cualquier ámbito y/o circunstancia.

La consecuencia de la discriminación es la violación a los derechos humanos, basados en argumentos que terminan promoviendo y generando desigualdades, lo que a su vez impide una convivencia pacífica entre las personas, ni tener o mantener una buena calidad de vida, porque dichas ideas u acciones discriminatorias pueden detonar en agresiones, violencia, abusos y sometimiento. Ejemplos de estas situaciones se tienen alrededor del mundo en todas las épocas históricas. Ante esos lamentables desenlaces se reivindican y reivindicamos movimientos y actividades en favor de la igualdad y de la no discriminación 

La igualdad y el derecho a la no discriminación se encuentran estrechamente ligados, ya que el goce efectivo de este último no sería posible si no se crea conciencia de la importancia de la igualdad en derechos. La igualdad es y ha sido un elemento primordial en el desarrollo de los derechos humanos, porque representa una lucha histórica por el reconocimiento de grupos excluidos en el ejercicio de sus derechos, ya que “si bien, los derechos humanos nacen con vocación universal, las reglas del ordenamiento social responden a patrones socioculturales y la discriminación […] está profundamente asentada en ellos”. En definitiva es una demanda por la reafirmación del principio de universalización que los identifica como prerrogativas inherentes a todos por el simple hecho de ser seres humanos. De tal forma que, la igualdad es un principio del que deben partir los derechos humanos y la no discriminación un derecho que permite garantizar el goce de los demás derechos, logrando que la dignidad de cada persona sea respetada. 

Por su parte, la no discriminación puede ser entendida como “el derecho de toda persona a ser tratada de manera homogénea, sin exclusión, distinción o restricción arbitraria, con el fin de que sea capaz de aprovechar plenamente el resto de sus derechos y libertades fundamentales y el libre acceso a las oportunidades socialmente disponibles”. Dentro de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, representan una protección jurídica, pero a su vez plantean la obligación de todos los actores de la sociedad a respetarlos y por otra parte el deber del Estado de generar las condiciones necesarias para que este derecho sea garantizado.

La lucha por la igualdad resulta trascendental para la lucha contra la discriminación del que diversos grupos e individuos han sido sujetos, ya que históricamente han tenido un trato diferenciado y desigual a causa de concepciones biológicas, culturales y sociales, que han tenido como consecuencia la trasgresión de sus derechos y la normalización de asimetrías de poder. Estas condiciones que enfrentan la mayoría de las personas “han puesto de manifiesto las limitaciones que afectan el goce y ejercicio de sus derechos humanos y que les impide mejorar las condiciones en las que viven”.

A manera de conclusión, la discriminación es un problema complejo, debido a que responde a patrones cultuales delimitados que son reproducidos sistemáticamente, efectuando prácticas que excluyen y violentan los derechos humanos, encontrándose en todos los espacios de acción humana. Estos actos se encuentran reflejados en los procesos históricos sociales, en los cuales se encuentra la normalización de las asimetrías de poder, la utilización de un lenguaje excluyente, la motivación de discursos de odio, así como la segregación de los espacios públicos y privados.

La igualdad como valor ético y jurídico, partiendo del reconocimiento de que todos somos iguales en derechos, libertades y oportunidades,  permite que se protejan y garanticen, en general, el ejercicio pleno de los derechos humanos y en particular, elimina las posibilidades de la existencia de actitudes discriminatorias. En definitiva, para combatir la discriminación se debe fomentar una cultura de la igualdad y la no discriminación considerando acciones que busquen revertir aquellos discursos y creencias en los que se encuentran impregnados prejuicios y estereotipos. 

A corto plazo para prevenir la discriminación, se debe fomentar un protocolo de acción en todas las instituciones u organizaciones públicas y privadas que permita dar seguimiento y sancione a aquellos grupos o individuos que fomenten o realicen acciones discriminatorias. Finalmente como proyecto a largo plazo es importante difundir información por medio de pláticas o talleres desde una edad temprana sobre los derechos humanos, así como la importancia que tiene el derecho a la no discriminación, de tal forma que permita que las personas identifiquen aquellas acciones discriminatorias tanto visibles como implícitas. De igual forma, las personas deben de conocer las instituciones que protegen su derecho a no ser discriminados como el caso de CONAPRED en México, el INADI en Argentina o el OCDR en Colombia.

Referencias:

 Torres, Isabel. (2011). De la universalidad a la especificidad: los derechos humanos de las mujeres y sus desafíos en “Feminismo, género e igualdad”.  EGRAF: Madrid.

2 Rodríguez, Jesús. (2017). Iguales y Diferentes: la discriminación y los retos de la democracia incluyente. TEPJF: México.

3 Ibídem