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Todos en algún momento de la vida, o varios, arreglamos el país al son de café o una cerveza. Cada uno tiene experiencias, creencias, posturas, ideas, y líderes, que informan la opinión. En un país democrático como Colombia, eso es importante porque cada uno tiene el derecho, y deber de escoger a sus gobernantes, quienes finalmente legislan y demarcan la hoja de ruta que el país ha de seguir. Claro, con un marco básico, que, en nuestro caso, es la Constitución Política del 91.

La gran mayoría habla y “conoce” los derechos que allí se consagran, pero, desafortunadamente, olvida los deberes. Es más, pensar en clave exclusiva de derechos y “lo que se me debe garantizar” sin ir más allá, hace que mucha gente, ni siquiera se dé cuenta que esos derechos que tiene – y exige se respeten-, son los que debe reconocer a los demás. Los ciudadanos, estamos en la capacidad de garantizar o violentar los derechos de los demás; es una elección personal asumir el deber de ser alguien que respeta, y no limita, el goce efectivo de estos a los demás. Los deberes son de igual importancia, porque determinan el tipo de sociedad que se construye.

Hablando en términos formales, la Constitución Política, en su primer capítulo, consigna los derechos de todos los ciudadanos - por igual-, y el tipo de país que Colombia apunta a ser, y aún no es. Porque, claramente, muchos de esos artículos están lejos de cumplirse. Uno de los problemas más frecuentes en la implementación de estrategias en territorio, es ir a hacer capacitaciones de derechos humanos, o socialización de los mecanismos de garantías del goce efectivo de los mismos. Puesto que, siendo realistas, para muchos colombianos esos derechos – o algunos- solo existen en el papel.

Entonces, ¿cómo se le habla a alguien del derecho a la salud, si el centro médico más cercano está a 8km? (Artículo 44) ¿cómo se le explica a una mujer lesbiana que tiene derecho a la intimidad personal, cuando violaron y mataron a su compañera por serlo? (Artículo 15) ¿cómo hablar de libertad de culto, cuando hay personas que no pueden ser mamá, papá – o adoptadas- porque los católicos sólo comprenden familia si hay madre y padre? (Artículo 19) ¿de qué libertad de expresión se habla cuando muchas personas de izquierda son tachadas de guerrilleros o terroristas? (Artículo 20) ¿cómo se menciona la adopción de medidas en favor de grupos discriminados y marginados, en un país que diferencia los derechos de las minorías en favor de las creencias religiosas de la mayoría? (Artículo 13)

La doble moral de los colombianos es su propia barrera al desarrollo social del país, porque genera ciudadanías de primera y segunda clase, reproduce la violencia cultural y descalifica desde el desconocimiento lo que los otros pueden aportar. Además, mientras muchos le tienen miedo a la temerosa “izquierda”, cuando muy probablemente ni diferencian entre comunismo, socialismo y populismo… Se jactan de las bondades de la democracia, cuando no salen a votar, o no votan a conciencia por pereza. Esa desvalorización de las diferencias es la misma que cierra los espacios de participación, y hace que gobiernen los mismos para los mismos.

Muchos niños crecen y pasan su vida de un hogar de paso en otro, cuando hay muchas familias o personas que quisieran adoptarlos para darles el entorno protector que merecen; pero no lo hacen porque la mayoría de los colombianos son católicos, y practicantes o no, tachan a los homosexuales de estar moralmente impedidos para hacerlo. Incluso, estando en un país donde, para 2017 según datos del DANE, el 56% de las mujeres son madres solteras y muchos de esos niños son criados por sus abuelas, tías o vecinas… sin rastro de familia “normal” con padre y madre. Esto, sin contar los altos índices de violencia intrafamiliar, abandono, o explotación infantil…

Adjudicar valores morales de “buenos y malos” a los conciudadanos por sus elecciones, creencias y decisiones personales es una forma de violencia en sí misma. No solo llevan a la discriminación, sino también al resentimiento y a la división. Es fácil repetir que los derechos propios llegan hasta donde empiezan los del otro, pero ¿y en la práctica? Las creencias religiosas, orientación sexual, raza, etnia o ideología de la mayoría no pueden limitar los derechos civiles, sociales ni políticos de ningún ciudadano. Nadie es bueno o malo con base a su personalidad, sino a sus acciones.

Limitar los derechos de los demás solo conlleva a la violación de las normas excluyentes, como la prohibición de la dosis mínima. Son muchos los consumidores de marihuana – recreativa-, que lo seguirán siendo a pesar de la medida de la nueva administración. Es tan importante el deber de respetar el espacio público, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y eso es un debate en el que poco tienen que ver las medidas represivas con la rectitud o perversión de los consumidores. En ese caso, se debería acabar el expendio de alcohol porque vuelve a la gente más agresiva, y muchos hombres llegan a sus casas ebrios y golpean o violan a sus esposas…  No es inconstitucional poner límites, pero estigmatizar y generalizar grupos para justificar violencia, sí lo es. La protección a los niños, que son el argumento más usado, está en la educación que reciben en casa, en entornos protectores, y en incentivarlos a tener un pensamiento crítico frente a las consecuencias de sus acciones.

Otro aspecto importante, es que una medida así, sólo desvía la atención del verdadero problema: el narcotráfico. De manera que, mientras se persigue al fumador de la dosis mínima, no se habla, ni mucho menos se piden, medidas serias de lucha contra el narcotráfico. Si bien el problema de la drogadicción es un problema serio y real, requiere medidas concretas como políticas de prevención y salud pública. Pero una medida como prohibir la dosis mínima lejos está de contribuir en la solución, sólo aumenta el precio de la marihuana en las calles y llena las arcas de los señores de la droga. Más aún, si se tiene en cuenta que lo ilegal está por fuera del control estatal, económica y socialmente.

Un último ejemplo de cómo las creencias de unos limitan los derechos de otros, es el aborto. De manera similar con la dosis mínima, las mujeres que quieran abortar, lo harán, prohibirlo solo conlleva a que ellas pongan su vida en un riesgo innecesario. Hacerlo tampoco las hace buenas o malas, ni se es quién para estimar qué tan difícil puede ser la decisión, pero lo cierto es que las mujeres deberían tener tanto derecho sobre sus vidas y su cuerpo como los hombres. Pretender obligarlas a ser mamás cuando no quieren serlo, es un acto de violencia contra la vida de la mujer. Es entendible la preocupación de muchos que el aborto se “coja de deporte” o de método anticonceptivo, pero no es así. Este procedimiento también puede llegar a tener efectos psicológicos sobre las mujeres, no es una situación cómoda, es una elección consciente y, en muchos casos, hasta responsable.

Más aún, cuando la carga de la prevención de embarazos no deseados cae – en su mayoría – sobre la mujer, y las limitaciones, de paso, también. Por ejemplo, en Estados Unidos se desarrolló la pastilla anticonceptiva para los hombres, pero no salió a la venta por tener efectos secundarios, que entre otras, son los mismos que han tenido las píldoras para las mujeres durante décadas. Frente a las operaciones, en Colombia, las mujeres no podían planificar o ligarse las trompas sin la aprobación de su esposo. Hoy esa medida no existe, pero a pesar de ello, es más frecuente que la mujer sea quien entre al quirófano, aunque la operación homóloga para los hombres, la vasectomía, sea igual de efectiva y gratuita según lo establecido en la Ley 1412 de 2010.

En consecuencia, todo esto va a que los derechos de nadie pueden estar limitados o sujetos a las creencias de ningún grupo de la población. Además, los ejemplos apuntan a demostrar cómo todos desde nuestra opinión, educada o no, contribuimos – como individuos- a la discriminación, la cual constituye una forma de violencia. De acuerdo con la académica Adela Cortina, la vida en sociedad se trata de “llegar a los mínimos acuerdos, con los máximos de respeto”. Los límites se imponen a lo público, y para procurar un bienestar o garantía de derechos en lo privado, como en casos muy exclusivos como la violencia intrafamiliar, la cual suele ser a puertas cerradas. !En ningún momento se limita para privatizar derechos a las mayorías!

Pero a pesar de lo que algunas figuras políticas hacen ver, nadie tiene derecho a limitar los derechos de nadie con base a ningún pretexto religioso o ideológico. Así como a los niños no se les va a enseñar la inexistente “ideología de género” del ex Procurador Ordoñez, tampoco hay bases científicas para determinar que una pareja homosexual no puede criar un ser humano decente. Por el contrario, está demostrado por estudios psicológicos que no hay conexión entre la orientación sexual de los padres, con la orientación sexual de los hijos. Asimismo, los estudios señalan que éstas parejas, a raíz de sus experiencias, forman personas más tolerantes.

En últimas, todos tenemos la responsabilidad moral de pensar en sociedad, y reconocernos, permitiendo que cada uno sea la persona que quiera ser dentro de los mismos límites del respeto. El día que seamos capaces de velar por la dignidad humana sin diferencia alguna, que entendamos que la pobreza y violencia ejercida sobre el otro también nos afecta social, política y económicamente; seremos un país verdaderamente desarrollado. Porque toda opinión es válida en el café o con la cerveza, pero no en el decreto y la ley. ¡Hay que aprender a diferenciar los espacios!