El pasado 7 de diciembre el presidente peruano Pedro Castillo tomó la decisión de disolver temporalmente el Congreso y ordenar un Gobierno de emergencia excepcional, sumergiendo a la nación en una crisis política, social y economía. Tras este decreto, Castillo fue destituido del poder y arrestado por personal de Seguridad del Estado mientras pretendía refugiarse en la embajada mexicana, horas después de que el Congreso aprobaba la tercera moción de vacancia contra el mandatario por incapacidad moral con 101 votos a favor. La vicepresidenta Dina Boluarte se posesionó como presidenta por la tarde, convirtiéndose en la primera mujer con el cargo en la historia de Perú.

El Tribunal Constitucional calificó las medidas anunciadas, entre ellas la reorganización del sistema judicial y el toque de queda, como un "golpe de Estado". El entonces mandatario fue llevado a la sede de la Prefectura en el este de Lima y después trasladado al penal de Barbadillo, misma institución donde se encuentra recluido el también ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel.

Tras las sorpresivas medidas tomadas por Pedro Castillo, la presidenta del Consejo de ministros, Betssy Chávez y parte de sus ministros presentaron su renuncia a través de sus redes sociales, entre ellos:

• Alejandro Salas, ministro de Trabajo.
• Kurt Burneo, ministro de Economía y Finanzas.
• César Landa, ministro de Relaciones Exteriores.
• Félix Chero, ministro de Justicia y Derechos Humanos.
• Wilbert Rozas, ministro de Ambiente.
• Heidy Juárez, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
• Richard Tineo, ministro de Transportes y Comunicaciones.
• César Paniagua, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
• Kelly Portalatino, ministra de Salud.
• Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo.
• Silvana Robles, ministra de Cultura.
• Rosendo Serna, ministro de Educación.

El rechazo internacional no se hizo esperar, Estados Unidos a través de su embajada en Perú mediante un comunicado, manifestó que rechazan categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato. 

España, mediante el Ministerio de Asuntos Exteriores, condenó firmemente la ruptura del orden constitucional en Perú y declaró que siempre estará del lado de la democracia y la defensa de la legalidad constitucional.

‍

El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, lanzó un comunicado donde condena todo atentado contra la democracia y expresa su preocupación por la crisis política en Perú y se solidariza con el pueblo peruano. 

El Gobierno de Chile, por medio de la Cancillería, condenó la ruptura del orden constitucional en Perú y valora que la crisis política se esté abordando a través de cauces institucionales.

La incertidumbre en Perú no es sólo política y social, la economía de la nación también se vio afectada tras el anuncio de Castillo que generó volatilidad en los mercados, el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) reportó una fuerte caída diaria de 3.39% durante la jornada. Además, la BVL informó al mercado que suspendía la negociación en rueda de bolsa cerca del mediodía ante la caída registrada de 2.28%.

La destitución y retención de Castillo, generó descontento en sus simpatizantes, quienes salieron a las calles del país para exigir la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte, dicho descontento se ha convertido en numerosos enfrentamientos contra la policía nacional. En el contexto de las protestas que se viven en Perú, 6 personas han muerto según la Defensoría del Pueblo, se han reportado decenas de heridos y 5 aeropuertos cerrados por el ataque de los manifestantes a las infraestructuras, ante esto el Gobierno decretó un estado de emergencia.

Mientras el ex presidente Pedro Castillo presenta su detención, la presidenta Boluarte deberá generar una tregua entre los partidos políticos y la población para restaurar el orden nacional y redirigir a Perú al camino de la bonanza económica.

‍