Desde Noviembre del año 2018 viene siendo noticia el grado de endeudamiento de los Entes territoriales con las Entidades prestadoras de salud del régimen subsidiado, en relación a servicios prestados particularmente en el área de inecología y Obstetricia. La situación ha provocado, entre otras cosas, un cese de labores del personal de salud que labora para estas empresas, pues es el mecanismo con el que cuentan para presionar el pago de salarios atrasados y la dotación de los centros médicos con los elementos mínimos necesarios para atender a las pacientes. En la región caribe se vinculó el incremento del gasto en servicios de atención a gestantes con el fenómeno de migración masiva de ciudadanas venezolanas en estado de embarazo, quienes estarían demandando estos servicios en el territorio nacional ante dificultades para acceder a los mismos en su país.

No obstante, más allá de las dificultades que enfrenta el sector salud desde una perspectiva presupuestaria es evidente que la atención a las mujeres gestantes también se ha visto históricamente afectada por una serie de prácticas y procedimientos comunes entre los prestadores de servicios de salud y que como en muchas otros sectores de provisión de servicios sociales, terminan por vulnerar los derechos y la dignidad de las mujeres. Para entender mejor que constituye este comportamiento es pertinente hacer una breve mención al concepto de “Violencia obstétrica”.

Son múltiples las definiciones oficiales que se han hecho para conceptualizar el conjunto de situaciones que constituyen la “Violencia obstétrica”, incluso países de latinoamérica como México, Argentina y Venezuela han incluido en sus legislaciones una especificación de lo que en términos jurídicos se condenaría como este tipo de violencia, sin embargo la psicóloga María Alejandra Machado en su investigación “¿Cómo parimos? De la violencia obstétrica al parto humanizado”, presenta una definición que sintetiza los elementos generales presentes en todas las demás y conceptualiza entonces a la Violencia Obstétrica como: “Toda conducta, acción u omisión, realizada por el personal de la salud que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, afecte el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y de los procesos naturales”.   

Las expresiones de dicha Violencia en la práctica cotidiana de prestadores de salud, se materializan en las siguientes conductas: La vulneración del Derecho de intimidad de las pacientes o intromisión abusiva en su privacidad, como por ejemplo exhibición de los órganos genitales de las pacientes en espacios de consulta obstétrica a varios miembros del personal médico, sin el consentimiento de la paciente, un caso común en hospitales y clínicas con los practicantes. La vulneración del Derecho a la información y a la toma de decisiones, que se evidencia en procedimientos realizados a discreción del personal médico y que no se comparten con la paciente o que solo se comparten sin dar la posibilidad de que sea la paciente quien defina, por ejemplo en casos donde se pretende realizar una cesárea y se presenta como única opción posible para no afectar la salud de madre e hijo. Finalmente estaría la vulneración del Derecho a un trato digno y que es una práctica común con mujeres que han tenido procedimientos clandestinos de aborto y deben acudir a centros de salud para mitigar los efectos de la mala praxis, en donde algunas veces reciben juzgamientos por parte de quienes brindan la atención de emergencia.

En Colombia un proyecto de ley presentado por por la Senadora Conservadora Nadya Blel Scaff que pretendía el reconocimiento de la violencia obstétrica como un tipo de violencia de género, ha despertado el rechazo de la comunidad médica, como ha sucedido en múltiples ocasiones en otros contextos internacionales, pues el gremio médico aduce que las prácticas que se asocian a este tipo de violencia les sitúan como victimarios y se prestan para  confusiones en su interpretación.

Si bien el análisis que realiza la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología es acertado al señalar que el médico o la médica a cargo de cada mujer gestante es el “Eslabón más débil” en el marco de la citada ley, pues son los profesionales quienes deben asumir mayor responsabilidad por los procesos de Humanización del parto, el Parto respetado y la Seguridad en la atención de la gestante, es también claro que al gremio le hacen falta procesos de formación que actualicen los conocimientos del recurso humano del sector y le hagan capaz de asumir su labor desde una perspectiva multidisciplinaria para ir más allá del paradigma de la medicina actual, el modelo biomédico, que asume que todos los procesos biológicos, entre ellos la gestación y el parto, deben ser “Tratados” y por tanto se crea una tendencia a verlos como patologías.

Es claro que son muchos los responsables en lograr la Humanización del parto para las mujeres en Colombia: el Estado desde la garantía jurídica y la promoción de políticas que mejoren el sistema de salud, aunque principalmente desde la asignación presupuestaria, la comunidad académica desde el formación no solo científica sino también ética de la comunidad médica y las empresas prestadoras del servicio de salud en la generación de mecanismos de atención que velen por el respeto y cuidado de las mujeres gestantes.

Entonces ¿Cómo nos va en este aspecto de la salud sexual y reproductiva a las mujeres colombianas? pues la sociedad está en deuda con todas aquellas que han sido o aspiran a ser madres en garantías para su trato digno. No hay medidas de protección suficientes, claras y específicas y esto es evidente en el hecho de que por ejemplo el Resumen ejecutivo de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que es uno de los principales instrumentos de diagnóstico para la planeación en el sector de la salud y que se realiza cada 5 años, siendo el 2015 el último año de medición, en el apartado de Salud Materna no tiene en cuenta la incidencia de la atención médica en las complicaciones del embarazo, simplemente menciona como la mayor causa de complicación el sangrado excesivo durante el parto.

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud tampoco aborda en el apartado de fecundidad la correlación que existe entre la atención brindada por prestadores de servicios médicos a mujeres gestantes y las complicaciones en el parto o para futuras concepciones. Así mismo para el caso del aborto, aun cuando existe la legislación que permite a las mujeres en los casos concretos establecido por la misma ley, el acceso al procedimiento incluso en EPS, es bien sabido que estas organizaciones acostumbran a poner trabas administrativas, al punto que la Corte Constitucional en Octubre de 2018, tuvo que  proferir un fallo ante las acciones de tutela interpuestas contra estas empresas por las demoras en la realización de las intervenciones.