Poco después de haber iniciado su segundo término como Primer Ministro de Hungría en el año 2014, Viktor Orbán introdujo un nuevo modelo de Estado: la “democracia iliberal”. La necesidad de imponer este paradigma de organización estatal fue expuesta en uno de sus discursos durante el Festival de Verano de la Universidad de Bálványos en Rumania. Según Orbán, la democracia liberal surgida al terminar la Guerra Fría, falló en su propósito de proteger al pueblo húngaro. En lugar de proveer políticas de desarrollo y bienestar, sus predecesores generaron una fuerte inestabilidad económica que perjudicó a las familias y trabajadores de todo el país. Por esta razón, consideró necesario despojar a las instituciones políticas de su carácter liberal y revestirlas de valores nacionales que reflejaran los verdaderos intereses populares.  

A pesar de lo contradictorio que pueda parecer el término de “democracia iliberal”, Orbán ha logrado erigir su imagen y estrategia política en torno a éste. Su principal premisa es que los Estados no necesitan ser “liberales” para considerarse democráticos. Por el contrario, contempla que la verdadera representación de los intereses nacionales puede lograrse a través de un modelo que redefine la noción de libertad individual, y que gire en torno a los valores tradicionales cristianos. Basado en esta línea discursiva, Viktor Orbán ha instaurado un gobierno populista en el que, siguiendo la definición de dicho concepto propuesta por Jan-Werner Müller (2017), se autoproclama como el único representante legítimo del pueblo. 

A partir dicha posición, el gobierno de Orbán ha sido acusado de cooptar el Estado, suprimir la sociedad civil, fortalecer el poder ejecutivo y coartar la independencia judicial (Amnistía Internacional, 2020). En la crisis sanitaria actual desatada por la pandemia del COVID-19, el Parlamento Nacional, en donde el partido del Primer Ministro (Fidesz) cuenta con una mayoría de dos tercios, le otorgó poderes extraordinarios que van más allá de lo necesario para hacer frente a la situación de emergencia. Esta ley, que permite gobernar por decreto, no tiene limitaciones temporales y establece la pena de prisión para aquellos que “alarmen” a la sociedad con información relacionada con el coronavirus (Financial Times, 2020). 

El populismo húngaro ha tenido especiales repercusiones en los derechos de los sectores sociales LGBTI, las mujeres y los refugiados. Esto se explica en la medida en que, tal y como lo expone Müller (2017), los populistas asumen una representación simbólica del “pueblo real”, y a partir de ella desarrollan las políticas que consideran apropiadas a dicha imagen. La identidad impuesta por Orbán y su partido está basada en los valores cristianos y la homogeneidad étnica que promueven políticas de cero tolerancia hacia la inmigración. Éstas, están diseñadas para “defender a las naciones cristianas” de las iniciativas de la Unión Europea que, según él, promueven la creación de pueblos de “raza mixta” que destruyen las tradiciones de los Estados nación soberanos (Aljazeera, 2019). Asimismo, algunos actores como Amnistía Internacional o el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), han advertido la existencia de estructuras de discriminación sistemática hacia el pueblo ROM y la creciente violencia en contra de la población LGBTI.   

En el caso concreto de las mujeres, el país no parece estar interesado en alcanzar la igualdad de género. En lugar de diseñar una estrategia dirigida a tal fin, las políticas y programas implementados se basan en nociones tradicionales que limitan el rol de la mujer a asuntos puramente familiares. Las autoridades no han logrado combatir de manera efectiva la violencia en contra de las mujeres, los índices de impunidad siguen en niveles altos, y en muchas ocasiones se genera estigmatización, insensibilidad y revictimización en los procesos judiciales (Amnistía Internacional, 2020).  

Adicionalmente, el pasado 5 de mayo, el Parlamento húngaro decidió no ratificar la Convención de Estambul. Este tratado es el primer instrumento regional europeo que tiene como fin, combatir la violencia en contra de la mujer en todas sus modalidades: desde la violencia doméstica, hasta la mutilación genital. En término generales, el documento define la violencia de género como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación en contra de las mujeres (Artículo 3.a). Algunos académicos han llegado a argumentar que, la Convención introduce el derecho independiente de las mujeres a vivir libres de violencias. Asimismo, se le ha atribuido el potencial para guiar las reformas legales necesarias para erradicar este tipo de flagelos, así como para deconstruir los cimientos sociales de las relaciones de género asimétricas (Guney, 2020).   

La negativa parlamentaria ha sido aplaudida por el ejecutivo. La Ministra de Justicia de Hungría, Judit Varga, ha afirmado que no es necesario ratificar la Convención de Estambul debido a que dichas protecciones legales ya se encuentran consagradas en el marco jurídico interno (Human Rights Watch, 2020). Sin embargo, ciertos miembros del parlamento, afines al gobierno, han expresado que el tratado no se acomoda al orden legal nacional, y que además se basa en una “ideología de género” que va en contravía de las convicciones gubernamentales (The Guardian, 2020). 

Las acciones descritas demuestran que el retroceso político en el que se ha sumido el país centro europeo es verdaderamente profundo. Lo que hace 15 años se exaltaba como uno de los Estados líderes en materia de transformaciones democráticas, hoy es considerado como un “régimen híbrido” en el que no hay garantías para el ejercicio de los Derechos Humanos (Freedom House, 2020). En especial, se han visto afectadas las mujeres y aquellas personas que promueven una identidad diversa, contraria a la imagen tradicional que las autoridades han impuesto y sobre la cual han erigido su modelo de gobernanza (Amnistía Internacional, 2020). 

Ante acciones como las desarrolladas por Hungría, es imperativo resaltar la necesidad de acción por parte de la Unión Europea, siendo urgente el diseño de estrategias que fortalezcan el Estado de Derecho, contemplen el seguimiento a los lineamientos internacionales en materia de respeto a los Derechos Humanos y eviten la perpetuidad de las violencias en contra de las minorías. 

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Referencias: 

Müller, J.W. (2017) ¿Qué es el populismo?. Editorial Grano de Sal, Ciudad de México. 

Guney, G. (2020, Enero 31). The Istanbul Convenyion and Its Standalone Right to be Freem from Violence: Feminising the Subject of Rights? Blogging from the School for Law, Politics and Sociology at the University of Sussex. 

Guney, G. (2020, Marzo 31). The Group of Experts under the Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence and the ECtHR: Complementary or Contradictory Tools? EJIl: Talk! Blog of the European Journal of International Law. 

Amnistía Internacional. Hungary 2019. 

Human Rights Watch. (2020, Mayo 8). Hungary Rejects Opportunity to Protect Women from Violence. Government Block Key Treaty as Covid-19 Exposes Scale of Domestic Abuse. 

Human Rights Watch. Hungary. 

Aljazeera. (2019, Febrero 10). Hungary´s Orban vows defence of “Christian” Europe. 

The Guardian. (2020. Mayo 5) Hungary´s parliament blocks domestic violence treaty. 

Financial Times. (2020, Marzo 31). Hungary is no longer a contestable democracy.  

Gobierno de Hungría. (2014, Julio 26). Discurso del Primer Ministro Viktor Orbán en el Festival de Verano de Bálványos. 

Freedom House. Nations in Transit 2020: Dropping the Democratic Facade. 

Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y Violencia Doméstica.