Según proyecciones del DANE para el periodo 2005 - 2020 y que se presentaron el año pasado, actualmente el 51% de la población colombiana está conformada por mujeres, de las cuales el 22% habitan territorios rurales. Con ocasión del Día de la mujer colombiana y la coyuntura actual de implementación del  “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera”, el cual sitúa el centro del debate en la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población rural, vale la pena analizar y evidenciar las problemáticas que enfrentan las mujeres que habitan fuera de los centros urbanos y que representan casi un cuarto de la población nacional, pues estas han sido sistemáticamente invisibilizadas y violentadas por todos los actores que han ambicionado ejercer el poder social, político y económico sobre el territorio nacional.

En el contexto colombiano hablar de la ruralidad y por tanto de quienes allí habitan, implica abordar el tema de la tenencia y uso de la tierra; no es un secreto que el fenómeno de la concentración de la propiedad de la tierra y el mal uso o uso ineficiente de la misma, han sido desencadenantes de una buena parte de los conflicto sociales que se presentan en la regiones. La afectación que las mujeres campesinas sufren a raíz de este fenómeno es particularmente grave por varias razones, en primer lugar un gran porcentaje de los predios que están en manos de personas naturales para usufructo agropecuario, han sido considerados dentro de la tradición cultural y jurídica de nuestro país, como predios patrimonio de familia, lo que implica que la titularidad de la propiedad sea adjudicada al hombre que ostenta la categoría de jefe del hogar, ya que durante buena parte del siglo XX se consideró que las labores productivas masculinas eran las únicas que generaban valor agregado y sostienen un hogar, desconociendo la doble ocupación de las mujeres rurales, por un lado en labores netamente agropecuarias y por otro, en labores de cuidado.

En segundo lugar, la falta misma de información y cifras por parte de las agencias gubernamentales frente a aspectos como las hectáreas con vocación productiva agropecuaria que están en manos de las mujeres rurales, entendiendo que dentro de esta categoría caben múltiples poblaciones de mujeres, es una limitante para tomar medidas que se transformen en políticas públicas efectivas para los territorios. De esta situación se deriva que sea difícil establecer si los indicadores propuestos en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo, en cuanto a reforma rural y frente a la transversalización del enfoque de género a todos los planes, proyectos, programas y políticas que se establezcan para llevar a cabo lo pactado, son realmente indicadores que medirán el impacto de lo realizado o solamente evidenciaría la gestión de los responsables, por tanto aún se estaría en deuda con las mujeres frente a la transformación de las condiciones que históricamente las han situado en condiciones de desventaja frente a los hombres de las zonas más apartadas del país.

Finalmente las acciones que ya se vienen realizando, como por ejemplo el proceso de restitución de tierras en el que se han radicado 116.866 solicitudes correspondientes a la adjudicación de 104.404 predios y en el que han participado 33.228 mujeres y 47.628 hombres, se ha quedado corto, como lo deja evidenciado el hecho de que hasta el 30 de Septiembre del presente año solo 8.221 solicitudes han sido resueltas, las cuales representan la adjudicación de apenas 6.518 predios y no se tienen datos de cuántos terminaron en manos de mujeres.

De igual manera la calidad de vida de la población rural y por tanto de las mujeres, se ve limitada por la carencia de una institucionalidad eficaz en los territorios que sea capaz de producir, promover y garantizar medidas contextualizadas para la atención y fortalecimiento de las mujeres. Si bien hace ya varios años que Colombia viene adoptando la normatividad internacional para avanzar en la equidad de género en el sector rural  y el año pasado se formalizó la creación de la Dirección de Mujer Rural al interior del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual tiene a su cargo generar disposiciones y mecanismos que permitan atender las necesidades propias de las mujeres del sector, aún son muchos los obstáculos para que estas medidas realmente beneficien la calidad de vida de las pobladoras rurales, por ejemplo la dificultad en el acceso a las mismas derivada de la poca conectividad tecnológica del área rural, el desconocimiento y falta de capacitación, la dispersión geográfica que caracteriza al territorio nacional  o la corrupción a nivel local que impide el aprovechamiento de los recursos destinados a la aplicación.

Es así como a pesar de todo estos esfuerzo hay vacíos en cuanto a la prestación de servicios públicos oportunos y adecuados, situación que queda evidenciada en hechos como que los hogares rurales en condición de pobreza y pobreza extrema, tienen en su mayoría jefatura femenina, el que las mujeres del sector rural solo cuenten con acceso a consultas médicas para sus hijos después del tercer mes de su nacimiento, o que pese a que las organizaciones de mujeres llevan casi una década solicitando líneas de crédito con un enfoque diferencial para financiar sus proyectos productivos sólo el 0,5% de los créditos aprobados a pequeños productores son obtenidos por mujeres.

Sin embargo las mujeres rurales no se han quedado estáticas ante la dificultades que las aquejan y vienen elaborando propuestas que requieren ser escuchadas y atendidas, por ejemplo el aseguramiento de sus pensiones de vejez a través de la creación de mecanismos de contribución especiales, la instauración de comisarías de familia itinerantes para las regiones apartadas bajo el entendimiento de que estos órganos cumplen una función trascendental en relación a la garantía de los derechos de las mujeres al interior de sus familias y el goce de la justicia, las líneas de financiamiento especiales para sus iniciativas empresariales , la gestión de los programas de formación técnicos, tecnológicos y profesionales para adquisición de conocimientos relevantes para su entorno. De manera que para concluir este análisis, parece pertinente recomendar a los gobernantes asumir una disposición de escucha ante las necesidades y propuestas de las comunidades, dando un vuelco hacia una democracia de participación efectiva y directa que evidencie el proceso de descentralización que dictó la constitución de 1991, pues es en la autodeterminación de las mujeres rurales, donde hay posibilidades reales para que ella gocen de la calidad de vida que esperan tener según su contexto.