Y es cierto. Cientos de mujeres alrededor del mundo han impulsado en las calles y a través de iniciativas ciudadanas una premisa: “Mi cuerpo, mi decisión”, no solo como una reivindicación del derecho natural, sino como un camino hacia la igualdad y la paridad de género. 

Sin embargo, hoy en día, a casi la mitad de las mujeres de 57 países en desarrollo se les niega abiertamente su derecho a decidir sobre la atención en salud, el utilizar o no métodos anticonceptivos o si quieren o no tener relaciones sexuales, e incluso, esta proporción se reduce a una de cada diez en algunos países.

Estos tres aspectos hacen parte de la autonomía corporal, es decir, “el poder y la capacidad de tomar decisiones sobre nuestros cuerpos y futuros, sin violencia ni coerción” (Canal UNFPA, 2021, 0m17s).

Tanto este poder como el grado en que la legislación apoya o interfiere con el derecho de una mujer a tomar estas decisiones, fueron medidos por primera vez en el informe de la Organización de las Naciones Unidas Estado de la Población Mundial 2021- “Mi cuerpo me pertenece. Reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación” del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).

Para la doctora Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del UNFPA, “la negación de la autonomía corporal es una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y las niñas que refuerza las inequidades y perpetúa la violencia derivada de la discriminación por razón de género (…) Es nada menos que una aniquilación del espíritu, y debe terminar”.

Según este informe, “hoy en día, ningún país del mundo puede afirmar que ha alcanzado plenamente la igualdad de género. Si así fuera, no habría violencia contra las mujeres y las niñas, brechas salariales o desigualdad en la distribución de los puestos directivos, cargas injustas de trabajo doméstico no remunerado, falta de servicios de salud reproductiva integrales y de calidad, ni atentados contra la autonomía corporal”.

Para nadie es un secreto que diariamente las mujeres y las niñas enfrentan no solo discriminación por motivos de raza, orientación sexual, edad o discapacidad, sino que, además, son socavadas por acciones de violencia y desigualdad que se han normalizado en sus países: compra de esposas; intercambio de relaciones sexuales no deseadas por comida y un techo para vivir; mutilación genital femenina, matrimonio infantil o el matrimonio con su violador y agresiones por su orientación sexual o identidad de género, lo que impide que puedan ejercer su derecho a la autodeterminación, el salir a la calle sin miedo a las humillaciones o a disfrutar de una vida sexual segura.

“En esencia, cientos de millones de mujeres y niñas no son dueñas de sus propios cuerpos. Sus vidas son gobernadas por otros”, comenta la doctora Kanem.

Uno de los casos aberrantes que deben enfrentar algunas mujeres que han sido violadas es el tener que casarse con su agresor. Por ejemplo, en Iraq si el agresor se casa con la víctima, cualquier actuación judicial contra él queda anulada y todas las investigaciones o causas judiciales que haya en curso se suspenden. Si ya se ha dictado una sentencia, esta se anula y no se ejecuta. Casos similares ocurren en Kuwait, Rusia y Serbia. (Informe Estado de la Población Mundial 2021).

Es así como en 20 países hay leyes que obligan a las mujeres o niñas a casarse con su violador; en 43 países no hay una legislación que trate o aborde la violencia sexual en las relaciones de pareja y en más de 30 países se restringe el derecho a desplazarse fuera del hogar.

Las niñas y los niños con discapacidad tienen casi tres veces más probabilidades de padecer violencia sexual, y las niñas son las que corren el riesgo más alto.

El efecto COVID-19

El informe “Mi cuerpo me pertenece. Reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación”, también analiza la incidencia de la pandemia por COVID-19 en la independencia económica de las mujeres, el acceso a la atención en salud reproductiva y en la agudización de prácticas como la mutilación genital femenina.

Establece que la crisis generada por el coronavirus ha empeorado la situación de marginalidad económica que viven algunas mujeres, además de debilitar su autoridad para tomar decisiones autónomas en materia de relaciones sexuales, salud y anticoncepción, lo que puede derivar en la pérdida de capacidad para afrontar las crisis y de recuperarse de ellas.

“Y hay cada vez más pruebas de que los servicios fundamentales de salud sexual y reproductiva se han considerado “menos esenciales” y han sufrido pérdidas de capacidad y financiación durante la respuesta a la COVID-19 (Pantuliano, 2020)” (Informe Estado de la Población Mundial 2021).

Cifras para recordar: 

La información obtenida hasta la fecha de 57 países para la elaboración del informe, indica que:

• Únicamente el 71 por ciento de los países garantizan el acceso a servicios de maternidad integrales.
• Únicamente el 75 por ciento de los países garantizan legalmente un acceso pleno y equitativo a la anticoncepción.
• Únicamente alrededor del 80 por ciento de los países tienen leyes que apoyan la salud y el bienestar sexuales.
• Únicamente alrededor del 56 por ciento de los países tienen leyes y políticas que apoyan la educación integral en sexualidad.