En 1949, luego de la Segunda Guerra Mundial, George Orwell publica su novela “1984”, en la cual expone una sociedad distópica regida por el totalitarismo, donde las personas estaban controladas o regidas por un partido que manejaba la figura del Gran Hermano como símbolo de poderío y confianza general, quien, a su vez, era el vigilante por excelencia de esa sociedad, por lo cual él todo lo sabía, oía y veía.

Para mantener el orden social, el gobierno que imperaba en esta obra tenía a su servicio una serie de ministerios que regulaban aspectos concretos de la vida en comunidad. Estos eran: el ministerio del amor, quienes se encargan de impartir los castigos y las torturas para todo aquel que ejerciera una oposición al régimen; el ministerio de la paz se encargaba de controlar y llevar a cabo la guerra con los otros Estados con el fin de disputar territorios; el ministerio de la abundancia tenía la tarea de repartir los recursos con el fin de asegurar la supervivencia con el mínimo de recursos para así garantizar las riquezas a ciertas esferas de poder.

El último de los ministerios era el ministerio de la verdad, el cual se encargaba de manejar, manipular y distribuir todo tipo de información, y de crear y recrear la historia con base a los intereses del partido y de la figura del Gran Hermano. Por ejemplo, si Oceanía (el Estado donde se desarrolla la novela) se encontraba en guerra con Eurasia y era aliado de Asia Oriental, pero al siguiente día había un cambio de enemigo y aliado, el ministerio de la verdad tenía la labor de hacer creer a la población que la guerra siempre se disputó contra Asia Oriental (el nuevo enemigo) y que Eurasia era su incondicional aliado. Para tal fin eliminaron todo rastro de información que fuera en contravía de esta nueva historia.

Otro de los organismos que contribuyen en el mantenimiento del orden establecido en la novela es la policía del pensamiento, la cual se encarga de vigilar, a través de telepantallas, dotadas de micrófonos y cámaras, a todos los partidarios, con el fin de controlar y, eventualmente, capturar a quien cometiera un crimen del pensamiento; este era el delito más grave que se podía cometer en ese Estado pues implicaba que la persona pusiera en entredicho el poder y la figura del Gran Hermano, ya sea desde lo que dice, lee o escribe, desde la puesta duda del buen ejercicio del gobierno, desde la difusión de información diferente a la compartida por el ministerio de la verdad o desde cualquier otro tipo de ejercicio de oposición directa o indirecta contra el orden establecido. La persona que cometiera dicho crimen era conducido al ministerio del amor para que este ejerciera el castigo y la tortura con el fin de manipular y volver a crear en el sancionado un amor hacia el Gran Hermano.

Sucesos como lo acontecido con el programa “Los puros criollos”, emitido por Señal Colombia, que el 6 de diciembre en la noche salió del aire luego que su presentador, Santiago Rivas, apareciera en un vídeo de “la puya” criticando el proyecto de ley TIC o de convergencia que se está discutiendo en el congreso; o el caso ocurrido con los periodistas Carlos Chica, Andrea Olano y Darío Fernando Patiño, trabajadores de RTVC y conductores del programa matutino “La Señal de la Mañana”, quienes la mañana del 19  de diciembre tenían como invitado al presidente Iván Duque; antes de la entrevista la gerencia les informa que ellos no pueden participar de la entrevista de ninguna forma, y quienes hicieron las preguntas para el desarrollo de la misma fueron unas personas externas. El 20 de diciembre se dio a conocer por parte de los involucrados que la gerencia los había retirado del programa y cambiado de horario.

Este tipo de sucesos me recordaron el libro del que he mencionado en la primera parte de esta columna, porque una cosa es clara, hay una posición de silenciar y censurar todo aquello que al gobierno de turno le genere molestia. Esta censura esta disfrazada de regulación o modernización de contenidos.

¿Podría hablarse de una instauración del ministerio de la verdad en Colombia? Yo me atrevería a responder que nos estamos acercando a esto, pues los hechos se han ido tornando cada vez más alarmantes y cuestionables, esto sin mencionar los casos donde se intentó callar, por medio de una tutela interpuesta por la fiscalía, sus cuestionamientos a la entidad y en específico al fiscal general por el caso de Odebrecht, por parte de la Periodista María Jimena Duzán o la batalla que hay contra el Canal 1 por parte de ciertos sectores políticos por los trabajos periodísticos e investigativos que ha realizado el canal televisivo, donde ha tocado ciertas esferas del poder en Colombia.

El cuestionado proyecto de Ley de las TIC habla que Comisión de Regulación de Comunicaciones tendrá como competencia regular y administrar temas como la telefonía móvil, televisión, radio, internet (en este tema no se habla de una regulación estricta de contenidos) y otros medios que se operen a través del espectro radioeléctrico. El principal problema de esta comisión es la falta de independencia, pues 2 de los de los 5 miembros de la misma serán designados por el presidente y un tercero será elegido también por el presidente quien lo escogerá de una terna postulada por los representantes de los canales públicos de televisión, quienes como perfil profesional deberán ser ingenieros, abogados o economistas, dejando de lado a generadores de contenido y demás personas involucradas en el proceso de creación y desarrollo. Además cabe mencionar que al ampliar el plazo de las licencias de 10 a 30 años para los canales privados de televisión, hace que la financiación de la televisión pública se encuentre en peligro, pues la Ley les daría la posibilidad de pagar esta licencia en especie.

Se puede ver que en el Proyecto de Ley de profesionalización del periodismo revive la tarjeta profesional para los periodista, cerrando la brecha que aquellos que no son comunicadores sociales no puedan ejercer esta labor con las garantías y derechos que da la Ley, como por ejemplo el acceso a lugares con fines periodísticos, teniendo en cuenta que muchos periodistas en el país no son comunicadores sociales de profesión. Dentro de los puntos también álgidos y delicados se encuentra la creación del Consejo Profesional del Comunicador social-periodista u organizacional, quienes dentro de sus funciones podría la tarea de expedir las tarjetas profesionales e investigar las faltas éticas en las que incurra un periodista. En pocas palabras esto implicaría una regulación a la labor del periodista, pero la pregunta a responder es ¿Bajo qué criterios se entrará a regular profesión? ¿Qué podría considerarse como falta ética? ¿Únicamente podría ejercer esta labor quien sea titulado como comunicador? ¿Qué pasará con quienes quieran ejercer esta labor y tengan otra profesión?

Las siguientes preguntas no se podrán contestar hasta que el Proyecto de Ley sea aprobado y se constituya este Consejo. Lo que es claro es qué proyectos de ley como el de las TIC o el de la “profesionalización del ejercicio del periodismo” son un intento latente de regular aspectos que podrían dar paso a sacar contenido incómodo para el gobierno o algunas esferas del poder.

Es claro que los temas que se han tocado hasta el momento han sido de índole política y jurídica que están por fuera del eje temático principal de la revista, pero aquí quiero poner en manifiesto que estos caminos de censura disfrazada de regulación puede tocar directamente a colectivos feministas o defensores de los derechos de la comunidad LGBTIQ en el entendido que, al ser movimientos y manifestaciones contra hegemónicas, pueden tocar temas o generar demandas que claramente pueden incomodar a ciertos sectores sociales con poder.

Cabe anotar que la censura se puede hacer por medios políticos y jurídicos como los que se han manifestado por medio de estos ejemplos, pero como Orwell lo relató en “1984”, la censura se puede dar por medio de vías de hecho, por medio de la violencia sistemática, que también está inmersa en el país, donde hasta lo que llevamos del 2018, 11 lideresas sociales han sido asesinadas por demandar mejores condiciones para su comunidad, donde el día 19 de diciembre se asesinó a la psicóloga de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) Viviana Muñoz Marín, quien trabajaba en le proceso de reincorporación de excombatientes de las FARC-EP.

El peligro para los colectivos feministas y LGBTIQ es inminente, y como tal se deben rechazar estos actos como formas de resistir al poder, para que la voz de protesta y manifestación contra todo tipo de opresión siga más fuerte. El gobierno ha venido operando bajo las premisas propias de una distopía literaria por acallar las voces que se alzan contra el sistema, utilizando sus policías de pensamiento y las directrices de un ministerio de la verdad, pero nosotros como colectivo social somos y seremos quienes vamos a resistir y comunicar todas las ideas de la inclusión, la no discriminación y dignidad para las mujeres y las comunidades LGBTIQ.