En medio de un contexto nacional convulso e incierto, el pasado cinco de mayo inició la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes venezolanos en Colombia. Esta iniciativa fue anunciado por el presidente, Iván Duque, durante la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en donde hizo un llamado para consolidar esfuerzos regionales para atender la ola migratoria proveniente de Venezuela.

Por medio del registro único de migrantes venezolanos, se busca la regularización migratoria de los ciudadanos y ciudadanas provenientes del vecino país. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta que cerca del 54% de los migrantes se encuentran de manera irregular en el territorio nacional. Se estima que 800 mil venezolanos puedan inscribirse y continuar con la segunda fase del proceso, que iniciará en septiembre, consistente en la verificación biométrica.

Desde el año 2016, según cifras del Banco Mundial, 4.6 millones de personas han salido de Venezuela a causa de las crisis política y económica que han limitado sus condiciones de vida. El 80% de estos se han desplazado hacia países latinoamericanos, principalmente, Colombia, Ecuador y Perú. 

Aunque muchas veces su estadía sea transitoria, el gran flujo migratorio ha rebasado la capacidad de los países de acogida, quienes han endurecido las medidas y los requisitos de ingreso. Cuestión que pone en especial estado de vulneración y riesgo a los migrantes, pues están expuestos no solo a las privaciones propias de haber dejado sus medios de vida y propiedades en Venezuela, sino a la imposibilidad de acceder a la justicia en caso de requerirla. Así, se convierten en blancos fáciles de las redes de trata de personas, del narcotráfico y la criminalidad.

Sumado a lo anterior, se evidencia un incremento significativo de pensamientos xenófobos y de prejuicios. De acuerdo con un estudio realizado por la fundación Friedrich Ebert y el Barómetro de Xenofobia, el 69% de los colombianos encuestados en Bogotá, Cali, Cúcuta, Barranquilla y Medellín, piensa que la presencia de venezolanos en el país ha hecho que aumente la inseguridad. El 29,3% afirma que han disminuido las oportunidades laborales y el 22,6% que limitan a los colombianos las posibilidades de acceso a servicios básicos, como salud, educación y vivienda. El problema de este tipo de imaginarios es que refuerzan los comportamientos de rechazo, odio y violencia y, con ello, la probabilidad de que los migrantes experimenten situaciones de violación a sus derechos humanos fundamentales.

Debido a este difícil escenario, resulta importante que los Estados receptores adopten medidas tendientes a proteger los Derechos Humanos de esta población. En este sentido, el Estatuto Temporal de Protección representa un primer paso en el cumplimiento del deber que, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, tienen todos los Estados de garantizar condiciones efectivas de acceso y ejercicio de derechos. Colombia ha asumido, en este campo, el liderazgo por una propuesta que parece ir en contravía de las políticas migratorias de la mayoría de los países; incluso de los más desarrollados, como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos.

¿Qué implicaciones tiene el Estatuto Temporal de Protección?

La situación de irregularidad, en cualquier lugar de acogida, dificulta que los migrantes tengan un empleo digno y dispongan de servicios de salud o educación. De manera que, el Estatuto permitirá que este grupo pueda ser atendido en condiciones de igualdad con respecto a los ciudadanos colombianos y que, si así lo deciden, puedan aplicar a la residencia permanente en Colombia. 

De igual forma, mediante una identificación y caracterización clara de los migrantes, las entidades públicas podrán ajustar la oferta para atender las necesidades de quienes llegan al país y, sobre todo, de aquellos en especial estado de vulnerabilidad -niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con orientación de género diversa y miembros de comunidades étnicas-. Las políticas públicas focalizadas tendrán, pues, mayores niveles de eficiencia y efectividad.

El Estatuto facilitará la inclusión de los venezolanos en la vida productiva del país y, en general, en todas las esferas de la sociedad. Algunos expertos afirman que un gran porcentaje de venezolanos que viven en Colombia tiene un nivel educativo alto y habilidades de talento humano que beneficiará la fuerza laboral y la formalización del empleo.

Sin embargo, esta noticia que en su momento fue celebrada por los defensores de Derechos Humanos y las ONG contrasta con la realidad y las condiciones de violación sistemática y generalizada de los Derechos Humanos en el país. La represión policial y militar, tras las jornadas de protestas en el marco del Paro Nacional, empaña la posibilidad de que los migrantes venezolanos puedan empezar una vida en Colombia. Salieron de su país huyendo de un régimen de terror y hambre que parece ser replicado acá. La manera en la que se desenvuelvan los hechos determinará el futuro de “la democracia más antigua del continente” para todos los que habitamos en ella, migrantes o no.