El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, firmado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica y que entró en vigencia el 22 de abril de 2021, tiene como objetivo garantizar en América Latina y el Caribe la plena y efectiva implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en temas ambientales.

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El Acuerdo fue firmado por 24 países de Latinoamérica durante los años 2018 y 2019. Colombia lo suscribió el 11 de diciembre de 2019, como parte de los deberes asumidos en el ámbito de la Mesa de Ambiente liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El 20 de julio de 2020 el presidente Iván Duque le pidió al Congreso tramitar con urgencia la ley que ratifique el Acuerdo de Escazú, sin embargo, dicho proyecto de ley se terminó firmando tres meses después de la posesión de Gustavo Petro y la nueva bancada legislativa tras cuatro debates en el Congreso de la República, lo cual demuestra el compromiso del presidente Petro con el proyecto, puesto que en su campaña presidencial se comprometió a impulsar la iniciativa para sacarla adelante en el Congreso, hecho que se materializa con la aprobación en la Cámara de Representantes.

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Colombia ratificando el Acuerdo de Escazú, se convierte en el país número 14 entre los 24 que lo aprobaron, uniéndose a Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

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El tratado en la práctica, busca que sus firmantes logren proteger a defensores del medio ambiente, un tema que no es menor ya que, como lo resaltó el último informe de la ONG Global Witness, Latinoamérica tiene un balance de cerca de 1200 ambientalistas asesinados en 10 años, siendo una situación compleja en Colombia ya que en el mismo periodo de tiempo fueron asesinados 322 líderes. 

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Según el más reciente informe de la ONG Global Witness, en el año 2021, de los 200 homicidios de defensores ambientales que se registraron en el mundo, 33 se presentaron en Colombia. Lo cual lo convirtió en el segundo país más mortífero para los líderes ambientales a nivel global. De las 33 muertes registradas en 2021, 27 estuvieron vinculadas con la protección de la tierra y 6 por luchar contra la expansión de cultivos ilegales. Aunque Colombia presentó una disminución en los homicidios, pues se reportaron 65 en el 2020, la ONG menciona que no significa que la situación esté mejorando,“Las cifras actuales siguen siendo impactantes, y aunque estos datos pueden ir y venir cada año, siguen siendo muy altos”, declara la organización. 

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Implementar lo que dice Escazú no es trabajo fácil, no se trata solo de ratificar el Acuerdo ante los otros países, sino de descifrar cómo será su implementación en Colombia, ya que cada país debe ejecutar Escazú de acuerdo a su jurisprudencia, su mecanismo institucional y sus problemas ambientales. 

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El Gobierno colombiano avanza en la articulación con el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento como entidad subsidiaria de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú para fomentar la aplicación y apoyar a las Partes en la implementación del Acuerdo. En ese sentido, Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, señaló que una vez sea sancionado por el jefe de Estado, se hará realidad en Colombia a través de cinco acciones a corto plazo:

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• Política de Manejo de Información Ambiental.

• Estrategia de acompañamiento a defensores ambientales.

• Ampliación de la participación ciudadana en las decisiones ambientales.

• Sistema de información sobre conflictividad socioambiental.

• Apoyo a la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas.

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La implementación de Escazú en Colombia debe tenerse en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo, donde incluso, ya hay algunos proyectos de ley sobre participación ciudadana que serían complementarios. Mientras el Acuerdo de Escazú entra en vigencia, la Corte Constitucional realizará un análisis de si el proyecto es coherente a los mandatos de la constitución. 

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