Se ha demostrado, a lo largo de la historia, que quienes más tienen que perder en una guerra son las mujeres. Desde los tiempos de guerras tribales a los de guerra convencionales que ocurrieron hasta la primera mitad del siglo XX, los cuerpos de las mujeres acompañaron el destino de las conquistas de los enemigos del pueblo.

En el camino a ese fin, los medios del enemigo han sido la destrucción con exceso de crueldad, tortura y rapiña que desatan sobre lo femenino, que se manifiesta tanto en la violencia ejercida sobre sus cuerpos como en formas de trata y comercialización. Queda entonces la deducción que la agresión, dominación y violencia hacia las mujeres no son tanto complementos de la guerra ni un daño colateral, sino que se han convertido en una estrategia bélica.

Cómo ha desarrollado la antropóloga Rita Segato, existe una guerra invisible en contra de las mujeres. En su libro La Guerra Contra Las Mujeres, expresa que la “expresión patriarcal-colonial-modernidad describe adecuadamente la prioridad del patriarcado como apropiador del cuerpo de las mujeres y de éste como primera colonia”.

Desaparecer, asesinar y violar a las mujeres de un pueblo es una de las herramientas de guerra más utilizadas en el mundo, se comienza a sembrar terror por medio de los cuerpos de quienes sostienen la comunidad para, en consecuencia, dominarla por completo. En Latinoamérica, las mujeres han sido territorio de esta misma violencia. 

En países donde existe militarización, porte de armas de mafias, paramilitares y de organizaciones asociadas al narcotráfico, el orden patriarcal se impone a las mujeres por medio de hombres en armas. Violencia y acoso sexual, reclutamientos que suelen ser forzosos a redes de explotación sexual y feminicidios de carácter retaliativo, en relación a integrantes de bandas armadas, o por contrataciones individuales.

De hecho, se ha podido establecer una nueva tipología de feminicidio denominado ‘Feminicidios por Sicariato’, esta categoría implica pensar en la violencia feminicida ejercida por bandas mafiosas. El Observatorio de Feminicidios Colombia pudo determinar que por este fenómeno social y económico, donde las mafias y bandas armadas atentan contra las vidas de las mujeres, el 65% de los feminicidios en ciudades como Medellín se cometen bajo esta modalidad.

En Cali, se está presentando una situación similar de terror, desde el pasado 7 de abril, se ha visibilizado una situación de persecución e intento de secuestro a mujeres en varios puntos de la ciudad. Las caleñas se han manifestado por medio de redes sociales, canales de denuncia institucionales e incluso reportado sus experiencias a los medios de comunicación.

Se ha dado bajo un patrón específico, con vehículos similares y la misma forma de acoso. Desde camionetas blindadas de alta y media gama, hombres desconocidos intentan abordar a mujeres en lugares solitarios, ordenándoles que se acerquen y se suban al vehículo por medio de hostigamientos e insultos.

Sin embargo, no es la primera vez que esta situación se presenta. En octubre del año pasado, se presentó el secuestro de una mujer en la Avenida Cañasgordas, al sur de Cali. Tras el hecho, la policía halló una camioneta blindada marca BMW de color blanca y placas DTM-717. 

El jefe de despacho policial, Carlos Rojas, indicó que la mujer secuestrada “hace parte de una familia importante, dedicada a los negocios”, lo cual da lugar a pensar en que este es un acto de carácter retaliativo que, una vez más, utiliza los cuerpos femeninos como territorio de guerra. Así mismo, fue señalado que el secuestro fue llevado a cabo por hombres portando uniformes estatales, lo cual puede verse como otra prueba más de que quienes más cometen este tipo de agresiones son figuras de autoridad.

Esto lo confirma Victoria Romero, presidenta de la organización feminista venezolana Método Wom, que reflexiona sobre el cómo, con el movimiento de Yo Sí Te Creo, se ha visibilizado de forma increíble el acoso sexual por parte de figuras de poder. Como también señala que la desatención por parte de fuerzas policiales ante la, ya existente, problemática ha generado mayores situaciones de riesgo, “hay calles muy desoladas con poca afluencia de personas, que no tienen correcta iluminación ni patrullaje continuo”, explica la líder, “y, evidentemente, eso las hace zonas muy inseguras”. 

Pues en muchas zonas de Caracas, Venezuela, se han presentado situaciones de acoso, persecución e intentos de secuestro. La organización feminista, por su parte, registró a través de sus redes más de 100 denuncias. Razón por la cual decidió declarar una “alerta morada” como una medida de protesta y también un llamado de atención. 

Sin embargo, ante la iniciativa de abrir un espacio para testimonios, la cantidad de casos han ido aumentando. “Son situaciones que han sido visibilizadas en la actualidad”, cuenta Romero, “pero que no sabemos si ya habían estado sucediendo”. Así mismo, señala que muchas de estas denuncias no han sido previamente procesadas por las instituciones, debido a que se presentan ineficiencias sistémicas a la hora de presentar el caso ante las autoridades.

Por esta razón, la organización ha visto la necesidad de ser voz y plataforma para que las mujeres que han sufrido estas violencias puedan manifestarse. Una de las herramientas que han llevado a cabo es la difusión de no sólo del formulario de atención, sino también un Manual de Acción que deja indicaciones sobre cómo reaccionar ante estas situaciones de riesgo. Así mismo, llevan a cabo el programa ‘Mano Sorora’, en el cual se hace un acompañamiento a la víctima para que especialistas, psicólogos y abogados le ayuden a no sólo generar su testimonio, sino efectuar la denuncia. 

Porque, como bien han señalado líderes de agrupaciones feministas caleñas y las mismas mujeres que se manifiestan, las denuncias por medio de canales de denuncia oficiales no son las más sencillas de llevar a cabo ni tampoco presentan seguimiento, en muchas ocasiones. De hecho, muchas de las víctimas han expresado que ha habido ‘cuello de botella’ en los procesos.

El pasado 13 de abril, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas, indicó que se iniciaría una investigación respecto a la situación que se ha presentado en la ciudad. Sin embargo, ese ha sido el último pronunciamiento que ha hecho la Secretaría al respecto.

Siete días antes, el Coronel Guillen Amaya también se manifestó respecto a los hechos, calificando las denuncias como “dos hechos totalmente aislados”. Así mismo también expresó que las placas señaladas en las denuncias “no tienen nada que ver” con los hechos que anunciaron las víctimas.

Incluso, como varias de las denunciantes han expresado a Manifiesta.org, los mismos agentes del estado han justificado o minimizado los actos de los agresores. 

En el caso de Mariana, ella decidió dirigirse a la estación de Policía más cercana justo después del ataque: “El agente muy campante me pregunta que si me robaron, le digo que no. Que si me violaron, le digo que tampoco. Que si me chuzaron o me hicieron algo, yo le digo ‘no, pero me siguieron’. Entonces me dice que si no me pasó nada, ellos no se iban a poner a buscar un carro así porque sí”. (‘No es mentira: en Cali secuestran mujeres’, Angélica Bohórquez, abril 26, 2021)

Ahora, en el marco de las actuales protestas del Paro Nacional, que se han dado desde el 28 de abril del 2021, se han evidenciado al menos 12 casos de violencia sexual perpetrados por parte de la fuerza pública. De hecho, en medio de las protestas del día 30 de abril, una joven denunció haber sido víctima de violencia sexual por parte del agente del Esmad Jhon Morales, identificado con placa DERIF-0019. 

Esto se clasifica como un acto de violencia política. Más allá de que la violación se constituye como un instrumento de intimidación y de sumisión del cuerpo femenino al poder patriarcal, las violaciones perpretadas por el ESMAD y demás fuerzas policiales, son con el objetivo de ser utilizadas como arma de guerra. No sólo golpea a la víctima, sino a su familia y a su comunidad, está diseñada para desmoralizar a quienes se atrevan a ir en contra de las autoridades. Como también se utiliza para callar a estas mujeres, silenciar y neutralizar sus acciones en pro del Paro Nacional.

En Colombia, las mujeres y la niñez son quienes más sufren los rezagos de la guerra. Por una violencia que no hemos generado, somos quienes más la sufren. La tortura física y sexual de los cuerpos femeninos como método de intimidación de una comunidad, es una vulneración de los derechos humanos básicos. 

Como bien explicó Terry Crews, actor y activista por el movimiento #MeToo, las mujeres no somos vistas totalmente como seres humanos. Esto significa que, en un marco de conflicto, nuestros cuerpos son los primeros que sufrirán la violencia, ya que somos consideradas como una “extensión” del hombre y no un ser humano con una propia individualidad.

Este fenómeno sucede en países de alto conflicto pero también en situaciones de mafia y organizaciones armadas. Por lo que esta no es una temática que puede hablarse ligeramente, significa que las mujeres estaremos, queriendo o no, en un inminente peligro cada vez que los hombres decidan imponerse por medio de la violencia.