Hace ya varios años que entre la comunidad científica y de producción académica del tipo social, se viene acuñando el término de “Economía del cuidado” para designar aquellas actividades humanas asociadas a los procesos de cuidado intergeneracional, que permiten el aseguramiento de una futura fuerza laboral y más aún, la supervivencia de la especie humana como tal. Diversos autores como Nancy Folbre, reconocida economista y feminista y entidades del orden internacional como la CEPAL, han dedicado publicaciones enteras a analizar las implicaciones y características de esta economía que fue convenientemente ignorada por siglos; sin embargo poco ha sido el efecto de estos estudios en la configuración de las agendas políticas de los países de América Latina, de manera que las cuidadoras por excelencia, mujeres tradicionalmente llamadas “Amas de casa” no son hoy en día objeto de ninguna política pública que busque reconocer y afianzar su condición de trabajadoras.

En el marco del seminario “Demanda del trabajo y feminización del empleo” realizado por la CEPAL en el año 2005, se evidenciaba que el 12 % de la población femenina latinoamericana vivía en la indigencia y que la cifra alcanzaba el 16 % en el sector de las mujeres dedicadas al cuidado del hogar, de las cuales un amplio porcentaje entra en la categoría de amas de casa. La particularidad de este grupo poblacional es que estas mujeres prestan un servicio directo a su familia y por tanto las fronteras entre lo laboral y la obligación moral se desdibujan, haciendo difícil para ellas mismas el reconocimiento de sus derechos y planteando un desafío para la convivencia en el hogar.

No sucede lo mismo con las trabajadoras domésticas, que si bien se encuentran expuestas a múltiples factores de vulnerabilidad por la aún incipiente y débil formalización de esta actividad económica a lo largo de latinoamérica, pueden marcar distancia afectiva de quienes demandan sus servicios, o las mujeres cabeza de hogar, porque se asume que emprenden actividades económicas por fuera del hogar para la generación de un sustento material y es por tanto que las implicaciones de la inequidad de género en el mercado laboral, son mucho más profundas para las amas de casa, mujeres que limitan su accionar al ámbito del hogar y el cuidado familiar, en la medida en que no está totalmente visibilizada y ni siquiera socialmente aceptada la condición que tienen como trabajadoras, aun cuando sus funciones laborales sean para el bien de su propia familia.

Si bien es importante reconocer que en las nuevas dinámicas de relacionamiento social, producto de los avances en materia de equidad de género, los hombres han aumentado su participación en múltiples sectores ligados a la Economía del cuidado y en las tareas del hogar, la participación de las mujeres sigue siendo significativamente superior en este campo. Una encuesta realizada en Bogotá, la ciudad capital más poblada de Colombia, reveló que el 67,8% de las mujeres mayores de 10 años, participaba en tareas de limpieza y mantenimiento del hogar en el año 2017, mientras que solo el 42,5% de hombres lo hacían.

Este panorama lleva a entender entre otras cosas, por que la incidencia de la pobreza en los adultos mayores es mucho más fuerte en las mujeres, al igual que el limitado acceso que tienen estas a jubilaciones o su reducida capacidad de ahorro. De manera que las amas de casa vienen sufriendo sistemáticamente una vulneración de todos sus derechos económicos y por tanto se encuentran  mucho más expuestas en tanto no se ha reconocido como fuerza laboral. Es claro que cada familia funciona de manera distinta y que por tanto la división del trabajo sucede de maneras diversas, contemplando diversas retribuciones para cada miembro en relación al rol que ocupa, por lo tanto no se trata de desvirtuar la familia como tal, pero sí de evidenciar la negligencia gubernamental con este sector de la población para el que actualmente hay pocas políticas públicas y las existentes se limitan por los obstáculos que plantea la supuesta injerencia en asuntos del orden de lo privado.

En el caso colombiano se generó la Ley 1413 de 2010, “Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas.”, la cual fue pionera en la región y significó un hito importante en materia de reconocimiento de los derechos de las mujeres en el país. No obstante, más allá de la medición periódica de indicadores ligados a la participación por géneros en las actividades de cuidado, no se ha generado una política pública que dé cuenta de la situación particular de las amas de casa en materia de seguridad social, liquidez, inversión, ahorro o fomento de asociatividad u organización gremial.

Es por esto que se hace necesario hacer un llamado a los gobiernos de la región para que reconozcan las particularidades de cada uno de los grupos poblacionales que ejercen labores asociadas al cuidado y que se extienda el reconocimiento formal de todas las labores, para que así mismo se generen las garantías pertinentes dentro de los marcos normativos y las instituciones que ejecuten estas disposiciones; es indudable que el reconocimiento de este tipo de economía ha traído ganancias para los movimientos de mujeres, pero es mucho lo que falta en medidas prácticas y en mecanismos que las hagan cumplir.

Queda abierto el debate sobre cómo fomentar y fortalecer la capacidad de organización entre las amas de casa como fuerza laboral, su capacidad de hacer presión política para incluir en las agendas gubernamentales sus propias demandas y necesidades, cuales son los cambios culturales requeridos para concebir a nuestras madres, tías y abuelas como trabajadoras sujetas de derechos y como también desde el hogar se emplean mecanismos que propicien la equidad entre los géneros.