Las caleñas, ante el desinterés de la Policía a sus denuncias, temen por sus vidas y seguridad por la reciente oleada de secuestros de mujeres en las calles de la ciudad de Cali, Colombia. 

La desaparición de mujeres y niñas es una grave problemática que, desgraciadamente, forma una intrínseca parte del tejido social de muchos países latinoamericanos. Tanto es así que esta pesadilla  se ha convertido en un tropo cinematográfico en una extensiva variedad de películas, como la famosísima ‘Búsqueda Implacable’ protagonizada por Liam Neeson. Pero fuera de las salas de cine, esta es una realidad a la que se enfrentan todas las mujeres, cada día de sus vidas.

Esta realidad se ha identificado en diversos países del hemisferio suramericano. A pesar de que existen pocas estadísticas al respecto, hay registros que han hecho algunas organizaciones ciudadanas e incluso agencias del Estado. 

Según información recopilada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), a mediados del 2011, en Bolivia, se había reportado la desaparición de 176 personas, de las cuales 111 de ellas eran mujeres y niñas. En México, en noviembre del 2011, parlamentario/as del Estado de Veracruz denunciaron la desaparición de alrededor de 50 mujeres en el transcurso de tan sólo tres noches y en el 2017 ONU Mujeres y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacaron la desaparición de al menos 824 mujeres en el estado de Puebla. Colombia, por otra parte, reportó como desaparecidas a 1,591 mujeres en el 2016, y en el 2017 a 1,369.

A pesar de tan alarmantes cifras, muchas naciones latinoamericanas parecen no interesarse por tomar registros oficiales de estas desapariciones, tampoco por investigarlas o generar estadística para mayor análisis. Además de que los registros existentes no presentan distinción entre aquellas desapariciones relacionadas al conflicto armado o a situaciones particulares de violencia de género.

Este tipo de desatención por parte del Estado es profundamente preocupante, sobre todo con la reciente crecida de secuestros, en los últimos tres meses, de mujeres en la ciudad de Cali. Las denuncias, sin sorpresa, han sido minimizadas e ignoradas por la Policía y demás Agentes del Estado, de manera que no han registrado oficialmente las denuncias realizadas por medio de las redes sociales de las mujeres acosadas. 

Esto bajo el pretexto de que aún deben realizarse investigaciones para comprobar la certeza de estas denuncias. Así como también una serie de medios de comunicación, de forma irresponsable, han implantado la idea de que estas denuncias son parte de una estrategia de marketing para realizar una campaña que busca visibilizar la inseguridad que sufren las mujeres en Cali.

Ante el abandono estatal y peligrosa desinformación de una situación tan alarmante para la seguridad de las mujeres de la ciudad, la Mesa Territorial de Mujeres de la Comuna 8 de Cali ha hecho un llamado al cuidado a todas las ciudadanas caleñas, desde sugerencias a movilizarse acompañadas hasta cargar con sus propios implementos de defensa, las mujeres han dejado atrás la esperanza de ser protegidas por quienes suponen ser los servidores y veladores de la seguridad ciudadana.

Pero la realidad es que, mujeres de diversas partes de la ciudad han denunciado ser perseguidas por el mismo tipo de vehículo, una camioneta Toyota gris, con una similar y espeluznante conducta. Incluso han identificado las mismas placas, como también a un mismo personaje; un hombre delgado de tez morena.

Sin embargo, la desaparición de mujeres y niñas no necesariamente responde a una dinámica de conflicto armado o dictadura, sino que obedece a dinámicas de poder desiguales que han existido históricamente entre hombres y mujeres, que llevan a esta violencia de género y escalofriantes actos de transgresión. 

Las desapariciones de mujeres están, en su mayoría, relacionadas a otras formas de violencia fuera del conflicto armado, maras y pandillas, la cual es una violencia en razón de su género como el abuso sexual, la trata o el feminicidio. Como señaló la misma OEA, las razones detrás del rapto de mujeres y niñas en latinoamérica en lo general son seguidas por sus muertes. Como también, en ocasiones, los secuestros forman parte del proceso de la trata de personas con fines de explotación sexual.

Es inexcusable esta falta de atención que el Congreso, Gobierno y todos los agentes sectoriales han exhibido frente a estos graves episodios. Es sumamente necesario que se presente una solución de forma inmediata por la seguridad de todas las mujeres caleñas. Pues además del derecho a transitar por el espacio público con plena libertad y sin temor a atentados en contra de su dignidad, la situación trasciende contra mucho más que el derecho a una vida libre de violencias, sino también a la vulneración de su derecho elemental a la vida y la integridad de todos los derechos fundamentales contenidos en la Convención. 

Es el deber del Estado garantizar la adopción de legislaciones y procedimientos que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en los ámbitos público y privado, no sólo con un acceso a la justicia, sino un verdadero seguimiento de las denuncias. Así mismo, la implementación de medidas de aseguramiento masivo para las mujeres de la ciudad tras una querella tan masiva de las agresiones como han hecho las ciudadanas caleñas, más como medida preventiva que como una en respuesta a tragedias ya ocurridas. Por esto, más allá de que “el estado no me cuida, me cuidan mis amigas”, no puede quedar solamente en manos de las mujeres en velar por su propia seguridad, sino que el estado debe ejercer su labor y protegernos, sí o sí.